Según un informe publicado el martes por la cadena estadounidense CNN, el Reino Unido ha dejado de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, al considerar que estos “son ilegales”.
Los responsables británicos consideran que los ataques militares estadounidenses, que han causado la muerte de 76 personas, violan el derecho internacional, según indicaron a la cadena estadounidense fuentes cercanas al asunto, informando que la suspensión de las operaciones de inteligencia comenzó hace más de un mes.
El Reino Unido controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia. Durante años, ha ayudado a EE.UU. a localizar embarcaciones sospechosas de transportar droga para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, indicaron las fuentes al medio.
Esas operaciones tradicionalmente implicaban interceptar y abordar embarcaciones, detener a sus tripulaciones y confiscar los cargamentos de drogas reportados. Sin embargo, no incluirían el lanzamiento de misiles.
Según CNN, tras el inicio de la autorización por parte de Washington de ataques letales contra embarcaciones menores, Londres expresó su preocupación de que sus datos pudieran ser utilizados para seleccionar objetivos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, condenó el lunes los ataques estadounidenses como una violación clara del derecho internacional, calificándolos de “ejecuciones extrajudiciales”.
La política de Estados Unidos también ha generado críticas dentro de sus propias filas militares.
CNN informó que el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE.UU., ofreció su dimisión tras cuestionar la legalidad de los ataques durante una acalorada reunión con altos funcionarios del Departamento de Guerra.
Varios abogados militares también han expresado dudas sobre la conformidad de la operación con el Derecho Internacional Humanitario, aunque Washington insiste en que todas las acciones son legales.
Expertos en derecho señalan que la justificación autoproclamada por Estados Unidos, que califica a los narcotraficantes como “combatientes enemigos” en un conflicto armado contra el país, no se sostiene bajo el derecho internacional.
Asimismo, destacan que la designación de grupos criminales como “organizaciones terroristas extranjeras” no otorga una autoridad ilimitada para matar, particularmente cuando algunos de los barcos objeto de los ataques se encontraban supuestamente inmóviles o intentaban huir.
Canadá, otro socio histórico de Estados Unidos en este tipo de operaciones, también se ha distanciado de los ataques. Aunque continúa cooperando con la Guardia Costera estadounidense en el marco de la Operación Caribe, Ottawa ha instruido formalmente a Washington para que no utilice inteligencia canadiense en ninguna operación letal.
Analistas señalan que la creciente resistencia de los aliados más cercanos de Estados Unidos evidencia una fractura cada vez más profunda respecto a lo que los críticos han calificado como una militarización temeraria disfrazada de política antidrogas.
En el último mes, Estados Unidos ha recurrido a un significativo despliegue naval en aguas latinoamericanas, en medio de una retórica cada vez más agresiva dirigida contra los gobiernos democráticamente elegidos de Venezuela y Colombia.
A comienzos de noviembre, el medio de investigación Drop Site News informó que la campaña estadounidense contra Venezuela se había ampliado de manera discreta para incluir objetivos en Colombia y México, bajo un impulso liderado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y respaldado por aliados intransigentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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