Esa advertencia fue transmitida al líder socialista, Pedro Sánchez en reuniones que mantuvo el miércoles; una con los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, y otra con los presidentes de las patronales empresariales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, en ese orden.
En relación con la propuesta de Sánchez para reducción del déficit y pagar las deudas, Rosell preguntó que cuánto costarán sus medidas y de dónde saldrán los fondos para alcanzar este objetivo.
Garamendi, por su parte, cifró en hasta 60 mil millones de euros el coste de las propuestas y advirtió que ese monto supone duplicar el impuesto al valor agregado o el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Las patronales empresariales además consideraron como una amenaza la subida de los impuestos a las inversiones y el empleo.
En el mismo contexto, Toxo opinó que debido a los problemas de ingresos que sufre el país, el nuevo Ejecutivo tiene que revertir las "irresponsables rebajas fiscales" aprobadas por el aún gobernante Partido Popular (PP). Añadió que el paso siguiente será “consensuar” una nueva reforma impositiva que cambie la composición del IRPF para que no se cargue tanto sobre los trabajadores.
Los dirigentes sindicales además exigieron a Sánchez que negocie con Bruselas un programa de consolidación fiscal “más flexible” que el anunciado en el programa que prevé una ruta que aplace el déficit del 1 % del producto interno bruto (PIB) hasta 2019.
No obstante, los sindicales y las patronales empresariales no compartieron la misma postura sobre la agenda del PSOE para el futuro Gobierno de España; UGT y CC.OO la consideraron “una buena base de partida”, mientras las patronales empresariales creen que carece de “análisis y concreción”, aunque afirmaron que el programa “está lleno de buenas intenciones”.
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