Las directrices recientemente aprobadas por el Consejo Europeo para la negociación de la desconexión de Londres respecto la Unión Europea (UE), más conocida como Brexit, han otorgado a Madrid un poder de veto sin precedentes sobre la colonia, ya que condicionan toda futura relación entre Gibraltar y la UE a un acuerdo previo entre el Reino Unido y España.
“España no puede aceptar que la UE negocie con el Reino Unido una relación que (no sea) compatible con la posición española sobre la reivindicación territorial, que (no) respete los intereses españoles, de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y que (no) impida una situación de competencia desleal con el territorio español”, señala un informe elaborado por la Secretaría de Estado español para la UE, citado este miércoles por el diario local El País.
En este contexto, el Ejecutivo español recuerda que “Gibraltar es una cuestión de Estado” y que las condiciones especiales de que goza la colonia son una condición que España tuvo que aceptar en 1986 “para poder adherirse a las entonces Comunidades Europeas, ya que el Reino Unido ingresó en 1973”.
El mencionado informe, denominado “Negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE”, recuerda que Gibraltar disfruta de “libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales”, pero no forma parte de la Unión Aduanera ni se le aplica la legislación británica.
España no puede aceptar que la Unión Europea (UE) negocie con el Reino Unido una relación que (no sea) compatible con la posición española sobre la reivindicación territorial, que (no) respete los intereses españoles, de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y que (no) impida una situación de competencia desleal con el territorio español”, señala un informe elaborado por la Secretaría de Estado español para la Unión Europea.
Además, el estudio señala que, por no aplicarse ninguna de estas legislaciones, esta colonia ha desarrollado un régimen propio extremadamente permisivo en materia fiscal, aduanera y de establecimiento de sociedades que ha dado lugar a que el Peñón sea conocido como paraíso fiscal.
Según Madrid, ahora lo más prioritario para la Unión es negociar los derechos de los europeos residentes en el Reino Unido y los británicos residentes en países de la UE. Según datos oficiales, más de 102.000 españoles residen en el Reino Unido y 286.000 británicos en España.
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