Esta decisión ha causado que dentro de España, los partidos políticos tachen de un mecanismo de corrupción en favor de la monarquía.
Este lunes, la decisión de la fiscalía suiza de archivar la investigación iniciada en torno a una donación de millonaria que hizo el rey emérito Juan Carlos I a su examante Corina Larsen de la donación inicial que había recibido de Arabia Saudí para facilitar el sello de un contrato de trenes de alta velocidad en la ciudad de la Meca, ha hecho temblar a España.
En la investigación no estaba involucrado directamente el rey, sino sus dos testaferros, el banco Mirabaud que albergaba el dinero y la exemante Larsen. Según el caso el rey emérito ingresó el dinero recibido a una cuenta en Suiza a nombre de la fundación panameña Lucum de la que él era el primer beneficiario. Esta donación fue realizada para Larsen en 2012, cuando Juan Carlos de Borbón era jefe de Estado.
La investigación ha iniciado desde 2018, y el año pasado Larsen dijo que el dinero fue pagado por parte del rey emérito debido al cariño que él les tenía a ella y a su hijo. Larsen al celebrar el lunes su inocencia reconocida envió un mensaje indirecto contra el emérito monarca.
Larsen ya ha denunciado a Juan Carlos de Borbón, ante la justicia británica por acoso y espionaje, tras presionarla a devolver el dinero y reanudar su relación con él. Los abogados del rey abdicado, quien reside desde agosto en Emiratos Árabes Unidos (EAU), alegan que su cliente tiene inmunidad por su estatus real, pese a que no goza de agenda oficial desde 2019, y ha perdido su asignación económica en marzo de 2020. Ahora la Casa Real Española debe definir si todavía el emérito es su miembro, y así hundirse en más impopularidad o dejarlo fuera y agravar la situación a quien fue una vez considerado como padre de la democracia del país.
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