Al compás de las masivas manifestaciones que se han prolongado por un mes en contra de la corrupción, el Ministerio Público ha engavetado casos y ha brindado beneficios a funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupción, tal es el caso del exministro de comunicaciones Alejandro Dinibaldi, el expresidente Otto Pérez Molina, jueces y el mismo presidente de la república Alejandro Giammattei a quien se acusó de recibir sobornos a cambio de contratos millonarios, no obstante el MP dice que no hay nada que investigar.
La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, fue reelecta por el actual presidente para un periodo de cuatro años más en mayo de 2022, en su gestión se ha señalado a Porras de desmantelar fiscalías, de archivar y cerrar investigaciones que afectan a la elite corrupta enquistada en el poder e investigada por periodistas independientes que han pagado caro señalar a los responsables de la cooptación del estado, principalmente al presidente y a la fiscal.
El Ministerio Público no actúa solo, la complicidad de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, salas de apelaciones y de otras instancias de peso coadyuvan a que la justicia ordinaria se encuentre detenida y en consecuencia no se garantice el acceso a la misma a la población que se ha levantado exigiendo el cese a la corrupción y a la impunidad.
A pesar de la presión social pidiendo la renuncia de la Fiscal General del MP el presidente se ha negado a destituirla argumentando que tiene prohibición constitucional.
Guatemala ha sido señalada a nivel internacional de incrementar sustancialmente sus niveles de corrupción en el actual gobierno y de perseguir incisivamente desde el aparato estatal a quienes han expuesto la corruptela que campea en el país.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
kmd/rba
