“Se dicta impedimento de salida del país contra el investigado Martín Vizcarra, la medida tendrá una duración de 18 meses”, ha determinado este viernes la jueza María Álvarez, encargada del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
Con esta decisión, Álvarez ha aceptado el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, bajo los argumentos de que la restricción contra Vizcarra —que vencerá el 12 de mayo de 2022— se debe a un peligro de fuga, puesto que el exmandatario fue citado a declarar, pero “en una actitud de rebeldía no lo hizo y recién se apersona cuando ha sido vacado [destituido]”.
Según el fiscal, Vizcarra enfrenta una pena de entre 3 y 15 años de prisión por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita por las obras de Lomas de Ilo y del hospital regional de Moquegua, cuando fungió como gobernador de la referida localidad sureña, del 2011 al 2014.
“Hay posibilidad de que Martín Vizcarra pueda asilarse en Bolivia, teniendo en cuenta que hay una persona cercana a él que está ejerciendo el poder allí”, ha declarado Atoche, en referencia al presidente boliviano, Luis Arce.
Por su parte, el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, ha aceptado la medida judicial, que ha sido adoptada, pese a que la víspera el exdignatario había entregado a las autoridades sus pasaportes como señal de que no tenía intenciones de viajar fuera de Perú.
Minutos antes de la resolución judicial, Vizcarra había expresado a la prensa su desacuerdo con el pedido del fiscal Juárez, aun cuando se allanaba a la solicitud.
“No saldré del país, no me voy a internar en una clínica, no voy a ir a una embajada, menos me voy a autoeliminar”, ha remarcado el exgobernante peruano, en alusión al exmandatario Alan García, que se suicidó cuando un fiscal llegó a su casa con una orden de detención por los presuntos aportes recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.
Vizcarra, quien no ha reconocido el “sustento legal” de su destitución por el Congreso el pasado lunes, ha subrayado que afrontará la investigación preliminar desde su domicilio en Lima, la capital peruana.
En un juicio político relámpago, el Congreso destituyó a Vizcarra, quien fue sustituido por el jefe parlamentario Manuel Merino, lo que desató una ola de protestas en las calles del país.
Sin embargo, el tema de fondo sobre si el Órgano Legislativo puede destituir a un mandatario por “incapacidad moral”, como se aplicó en el caso de Vizcarra, aún está por resolverse en el Tribunal Constitucional la próxima semana.
Vizcarra no es el único expresidente que debe comparecer ante los tribunales, los peruanos han visto como todos sus expresidentes han sido comprometidos en investigaciones vinculadas con los sobornos y pagos irregulares que hizo Odebrecht para conseguir grandes licitaciones de obras públicas. Las investigaciones fiscales han implicado a Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), y Alan García (2006-2011).
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