Asegura que no tuvo intención de huir y que las acusaciones carecen de fundamento.
El expresidente subraya su arraigo en Perú y menciona que la Embajada de México confirmó que no solicitó asilo político. Su defensa pide revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía, mientras enfrenta una posible condena de 34 años de prisión. En este contexto, Castillo argumenta que las acusaciones en su contra están políticamente motivadas y carecen de base legal sólida, reiterando su compromiso con la verdad y la justicia.
El Poder Judicial peruano rechazó la solicitud de Pedro Castillo para excluir el acta de intervención policial tras su detención a fines del año 2022, que él considera arbitraria. La Corte Suprema determinó que sus derechos fueron respetados y no hubo indefensión material. Esta decisión complica su situación legal frente a los cargos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Pedro Castillo también es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias por los casos Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
Pedro Castillo ganó las elecciones generales de 2021 en segunda vuelta contra Keiko Fujimori y ese mismo año asumió el poder.
Recientemente una nueva denuncia se presentó contra Pedro Castillo. La Fiscalía lo acusa de presunto aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal por la designación de Daniel Salaverry como presidente de Perupetro.
Aarón Rodríguez, Lima
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