Esta solicitud se produce después de que el Ejecutivo decidiera no observar la ley de amnistía, que prohíbe el procesamiento y enjuiciamiento de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002, y que posteriormente fue promulgada por el Congreso. Lo que busca Fujimori, cuyo legado está manchado por actos de corrupción y autoritarismo, es cerrar uno de los últimos capítulos oscuros de su régimen.
Tras la aprobación de la ley de amnistía, Alberto Fujimori solicitó a la justicia peruana la prescripción del proceso en su contra por el caso Pativilca, en el que se le acusa de ser presunto autor mediato del asesinato de seis comuneros a manos del grupo Colina, creado durante su régimen. Este pedido ha sido tomado como un insulto a las víctimas y un desprecio del fujimorismo hacia el sistema de justicia en Perú.
El riesgo de impunidad que conlleva la prescripción de delitos de lesa humanidad, puede contribuir a una percepción de injusticia en el sistema penal peruano.
Recientemente cincos agentes del Grupo Colina se han acogido a la conclusión anticipada en el juicio de Pativilca y aceptaron su responsabilidad en el asesinato, lo que complicó aún más la situación de Fujimori.
Aarón Rodríguez, Lima.
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