Aunque fue condenado a 25 años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, su lista de delitos es más extensa. Entre los casos más emblemáticos están las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres indígenas y la masacre de Pativilca.
Además, el proyecto Chavimochic, marcado por concesiones irregulares, reveló la corrupción de su mandato. Estos hechos, sumados a la millonaria reparación civil que nunca pagó, reflejan a un expresidente que en vida evitó enfrentar muchas de sus responsabilidades legales.
A pesar del fallecimiento de Alberto Fujimori, persisten casos graves sin resolver, como las esterilizaciones forzadas y las irregularidades en el proyecto Chavimochic. El juicio por el caso Pativilca, que lo acusa de la muerte de seis campesinos en 1992, sigue pendiente.
Mientras su abogado busca archivar el proceso, la Procuraduría insiste en que continúe, subrayando la magnitud de los crímenes y la necesidad de justicia frente a la impunidad.
El Congreso peruano, en un último intento de beneficiar a Alberto Fujimori, así como a expolicías y exmilitares de su régimen, aprobó una ley que exime de todo proceso judicial y condena a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra antes de julio de 2002.
Fujimori ha dividido opiniones en Perú. Mientras algunos lo consideran un gran presidente, otros lo critican por sus graves violaciones a los derechos humanos y el impacto negativo en la democracia.
Tras el fallecimiento de Alberto Fujimori, diversas figuras afirman que su hija, Keiko Fujimori, sería la nueva candidata presidencial del partido Fuerza Popular para las elecciones de 2026 en Perú.
Aarón Rodríguez, HispanTV, Lima
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