En un comunicado difundido este lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela expresó su condena categórica a la política de sanciones de la Unión Europea (UE), calificándola de “ilegítima, ilegal y contraria al Derecho Internacional”, además de incompatible con “los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.
La Cancillería señaló que las autoridades europeas han optado por “acelerar su propia decadencia política” al mantener “una línea de hostilidad estéril contra Venezuela”, lo que evidencia, a su juicio, una política exterior “errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar”.
El comunicado sostiene que “tras años de aplicación, esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso”, afirmación que el canciller venezolano, Yván Gil, destacó en un mensaje publicado en su canal oficial de Telegram.
Venezuela rechaza contundentemente extensión de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuesta por la Unión Europea (UE), acciones que reiteran la violación del derecho internacional.
— El Universal (@ElUniversal) December 15, 2025
"La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica la política de… pic.twitter.com/z0nPjTgQVf
Asimismo, el comunicado advierte que estas medidas afectan “de manera significativa” las relaciones políticas y diplomáticas, y refuerzan “la irrelevancia creciente de la Unión Europea como actor internacional capaz de actuar con independencia, racionalidad y respeto hacia los Estados soberanos”.
La misma jornada, el Consejo de la Unión Europea resolvió prorrogar por un año las sanciones vigentes contra Venezuela, extendiendo su aplicación hasta el 10 de enero de 2027. La decisión se fundamenta en lo que el bloque comunitario describe como “persistentes acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el país”.
Actualmente, 69 personas integran la lista de sancionados por la UE. Estas están sujetas a la congelación de activos, a la prohibición de recibir fondos o recursos económicos —de forma directa o indirecta— y a restricciones de viaje dentro del territorio europeo. Entre los sancionados se encuentran dirigentes como Delcy Rodríguez, actual ministra de Economía y vicepresidenta Ejecutiva, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia.
El régimen de sanciones, en vigor desde noviembre de 2017, incluye además un embargo de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna. La Unión Europea reiteró que el eventual levantamiento de las sanciones “dependerá de avances tangibles en materia de derechos humanos”, así como del fortalecimiento del “Estado de derecho” y de “pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática”.
Esta determinación se enmarca en la postura política sostenida por la Unión Europea respecto a Venezuela, reafirmada en declaraciones y conclusiones del Consejo Europeo y de la Alta Representante para Asuntos Exteriores durante 2024 y 2025.
Caracas ha denunciado reiteradamente que las sanciones de la UE constituyen un mecanismo de presión política que ha afectado de manera profunda y prolongada al país. Según la posición venezolana, estas medidas han limitado gravemente la capacidad del Estado para operar con normalidad en los ámbitos financiero y diplomático, afectando su desarrollo y sometiéndolo a un cerco injustificado.
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