El sábado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue secuestrado en un operativo militar de tropas estadunidenses y el lunes compareció ante una corte en Nueva York, donde se declaró “no culpable” de los cargos que se le imputan, igual que su esposa, Cilia Flores.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha recordado este martes que Maduro, en su condición de presidente posee inmunidad, lo que implica que no puede ser arrestado ni procesado por tribunales extranjeros, “así —ha asegurado— vayan a intentar inventarle cualquier falso positivo en las acusaciones”.
“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango constitucional de escala universal”, ha recordado.
Con respecto al ataque ilegítimo de EE.UU. contra Venezuela y el secuestro de Maduro, Saab ha enfatizado que esta acción deja “literalmente a las puertas de la agonía” al derecho internacional y a los derechos humanos.
“Exijo de manera inmediata la libertad sin condiciones, tanto del ciudadano presidente Maduro como de la primera dama, Cilia Flores, en tanto dicha captura ha sido totalmente nula y en violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la propia Constitución de los Estados Unidos de América”, ha subrayado el fiscal venezolano.
Además, ha respaldado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, en el marco de la cooperación entre poderes públicos, lo que ha calificado un principio constitucional clave para la paz democrática.
En conclusión, ha anunciado la puesta en marcha de una comisión especial formada por tres fiscales que se encargará de investigación de toda la información posible sobre las circunstancias exactas en las que fallecieron decenas de personas inocentes, civiles y militares.
La agresión militar estadounidense contra Venezuela ha desatado un aluvión de críticas y condenas a nivel internacional, desde las Naciones Unidas que han advertido que el ataque constituye “un precedente peligroso”, hasta Irán, Rusia, China y muchos países latinoamericanos que han considerado el secuestro de Maduro como un acto de terrorismo de Estado, enfatizando que Venezuela “tiene el derecho a decidir su propio destino sin ninguna intervención destructiva”.
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