Estados Unidos asesinó el 3 de enero al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, junto al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), Abu Mahdi al-Muhandis, y otros militares, en un bombardeo con drones.
El atentado, ocurrido cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital iraquí, había sido ordenado directamente por Trump para disuadir supuestamente “futuros planes de agresión de Irán”.
En una entrevista concedida el jueves al canal de televisión galo France24, el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton dijo que el mandatario estadounidense había programado el ataque desde hace mucho tiempo y que no se trataba de una decisión tomada días antes de la operación.
Bolton se abstuvo de hablar sobre los detalles del ataque, al que considera constitucional.
El pasado 7 de julio, Bolton defendió la operación terrorista de EE.UU., considerando el hecho una mera aplicación de la Constitución estadounidense el asesinato de autoridades extranjeras en terceros países, como el caso del general Soleimani.
Las Naciones Unidas, sin embargo, no piensa lo mismo. El asesinato del general Soleimani, para la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Asesinatos Selectivos y Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, fue un acto arbitrario e “ilegal”.
En un informe presentado el 7 de julio, la experta concluyó que “a falta de una amenaza inminente que pusiera en peligro vidas, la manera de actuar de Estados Unidos fue ilegal” y violó la Carta de las Naciones Unidas.
Irán, cumpliendo su juramento de vengar el asesinato de su general, lanzó el 8 de enero fuertes ataques con misiles contra la base aérea Ain Al-Asad, ubicada en la provincia occidental iraquí de Al-Anbar y ocupada por las tropas norteamericanas desde la invasión de Irak en 2003.
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