La iniciativa, presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue aprobada por unanimidad el martes, y pide al Ejecutivo español que impulse las iniciativas diplomáticas necesarias en la esfera internacional para tratar de detener la ejecución del activista chií Ali Mohamad al-Nimr y del resto de condenados a muerte en el reino saudí.
Ali Mohamad es sobrino del destacado sheij chií saudí Nimr Baqer al-Nimr, ejecutado junto a decenas de opositores en enero de 2016 so pretexto de haber provocado desorden público. Como su tío, ha sido condenado a muerte por Riad por su participación en protestas contra el régimen de los Al Saud cuando tenía 17 años.
El senador socialista español Andrés Gil García pidió en su intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta que el Gobierno de Mariano Rajoy tome medidas urgentes a través de la Cancillería, active todos los recursos políticos y diplomáticos disponibles y ponga en marcha todas las iniciativas que estén en su mano para tratar de frenar esas ejecuciones.
El parlamentario llamó además al Gobierno a adoptar otras medidas encaminadas a proteger los derechos humanos en Arabia Saudí que dificulten "lo máximo posible" las ejecuciones y asienten el cumplimiento de los tratados internacionales.
Jordi Martí, de la independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), lamentó que España, uno de los principales proveedores de armas de Arabia Saudí, "continúa vendiendo armamento a un Estado que lo utiliza en la guerra de Yemen contra la población civil", siendo además testigo de las "reiteradas vulneraciones" de los derechos humanos en el reino árabe.
La moción fue defendida además por el grupo de Unidos Podemos, cuya senadora Idoia Villanueva destacó la importancia de potenciar la vía diplomática para detener las ejecuciones, así como para defender los derechos humanos en general.
Organismos internacionales como las Naciones Unidas han expresado su profunda preocupación por el alto número de ejecuciones en Arabia Saudí.
La cifra de estas ha aumentado incluso de una manera alarmante desde el inicio de las protestas antigubernamentales en el reino en 2011. Para Amnistía Internacional (AI), la medida “es parte de una campaña de las autoridades saudíes para aplastar a toda la disidencia, incluidos los defensores de los derechos de la comunidad musulmana chií”.
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