La Guardia Civil de España ha concluido que el Partido Popular (PP) de Madrid (capital) incurrió en irregularidades en la financiación de sus campañas electorales en dichos años, las cuales dieron la victoria a Aguirre, entonces candidata de la aludida formación política.
Según han informado este martes los medios españoles, el PP madrileño también habría sido ayudado en la campaña de las elecciones generales de 2008 con fondos de procedencia irregular, afirman los investigadores del Caso Púnica.
"Numerosas irregularidades que la sustentaron (la financiación de las campañas) suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral...", explica en un informe la Guardia Civil.
Asimismo, el reporte recoge que se ha podido acreditar cómo "importantes gastos electorales en las elecciones del año 2007 y 2008, e indiciariamente en el 2011, se habrían sufragado a través de la Fundación Fundescam utilizando para ello subvenciones públicas provenientes de la Comunidad de Madrid".
Numerosas irregularidades que la sustentaron (la financiación de las campañas) suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral...", explica en un informe la Guardia Civil española.
Cabe añadir que en la trama del Caso Púnica también aparece el nombre de la actual presidenta regional y líder del PP madrileño, Cristina Cifuentes, quien intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid, que ella presidía, y que otorgaron a la empresa Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, la gestión del comedor y cafetería de la Cámara autonómica.
Conforme a los investigadores, los hechos “podrían ser constitutivos” de delitos de prevaricación continuada y cohecho, y en ellos “se aprecia la presunta participación” de Cifuentes, subraya un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) remitido, el pasado 1 de marzo, al juez Eloy Velasco.
La corrupción ha extendido tanto sus garras en las filas del gobernante PP que el Congreso de los Diputados español tiene planeado investigar la supuesta financiación ilegal de la formación.
En octubre de 2016, la Justicia española inició un juicio contra 37 miembros del PP, entre ellos, dos antiguos tesoreros acusados de importantes malversaciones de fondos públicos al amañar contratos valorados en decenas de millones de euros a cambio de comisiones ilegales entre 1999 y 2005. Además, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tendrá que comparecer como testigo en el juicio del Caso de corrupción Gürtel, que implica a altos cargos del PP.
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