La Fiscalía General del Estado español ha presentado este viernes un informe al Tribunal de Cuentas en el que pide la apertura de una investigación contra Artur Mas y los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs por gastar más de 5 millones en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
El fiscal apoya la apertura de esta investigación para determinar si existe responsabilidad contable (independiente de la penal) y si procede la restitución de esos fondos públicos.
De acuerdo con las leyes que rigen el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el fiscal propone a la Comisión de Gobierno que designe un instructor que practique las diligencias oportunas para determinar si hay responsabilidad de esos ex altos cargos por “alcance” o “malversación contable”, un concepto independiente del acuñado en el ámbito penal.
No es la primera vez que las autoridades españolas llevan al juicio a estos cuatro ex altos cargos catalanes por la consulta del 9N. Todos ellos fueron condenados por el Tribunal Superior Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado 13 de marzo a la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de desobediencia, si bien fueron absueltos del delito de prevaricación por organizar la consulta, una acción sin efectos jurídicos sobre una hipotética independencia de Cataluña.
Cabe recordar que el Gobierno español y el de Cataluña (noreste) se debaten prácticamente en una guerra política desde que parlamento regional catalán aprobara en octubre de 2016 la celebración de un referéndum secesionista, al margen de que las autoridades centrales del Estado español dieran o no su aprobación.
En diciembre del mismo año, el presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró que en 2017 se celebrará “de manera indefectible” (con o sin el aval de Madrid) un referéndum sobre esa hipotética independencia, en el que bastaría el 50 % de los votos más uno a favor para declarar la secesión de forma unilateral.
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