En sus primeras conclusiones sobre el drama de Melilla, donde 23 personas perdieron la vida a finales de junio, mientras que intentaban entrar a España, Gabilondo ha asegurado que el incidente derivó de “una situación de riesgo previsible”, al considerar el desarrollo inicial de los acontecimientos.
Tras rechazar el acceso de 470 personas al país, las autoridades españolas no tuvieron en cuenta “las garantías legales nacionales e internacionales” que amparan a los migrantes, ha indicado en su investigación publicada el viernes.
Conforme ha planteado, el rechazo del ingreso a España debe efectuarse en llegadas individualizadas y con pleno control judicial, lo cual no sucedió aquel día, por lo que acaeció la tragedia.
No obstante, el Ministerio del Interior español ha objetado, en un mensaje enviado a la agencia francesa de noticias AFP, las declaraciones de Gabilondo, al justificar que “todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad”.
La Cartera española, apuntando al carácter provisional del avance de la investigación, ha reiterado su firme apoyo al trabajo de las fuerzas de seguridad del país al respecto.
El 24 de junio, agentes de seguridad marroquíes intervinieron para impedir que un grupo de unas 2000 personas cruzara desde Nador (Marruecos) a Melilla (España) rompiendo la valla que divide la frontera; la situación se tornó violenta, dejando al menos 23 muertos.
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