En una sesión celebrada el miércoles, los legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso de México firmaron un posicionamiento en rechazo a la política de “tolerancia cero” de Washington respecto a los inmigrantes.
Los senadores exigieron al Gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el fin de las colaboración bilaterales con EE.UU. en diferentes campos: migratorio, combate al terrorismo y la lucha contra el crimen organizado transnacional.
“Se solicita al Gobierno de la República a retirarse de cualquier esquema de cooperación bilateral con los Estados Unidos. (…) En tanto el presidente (de EE.UU.) Donald Trump no se conduzca con el respeto que merecen las personas migrantes”, indica la nota, leída por el presidente del Senado mexicano, Ernesto Cordero.
En otra parte del pronunciamiento, los legisladores mexicanos llaman a la comunidad internacional a que se adhieren a las condenas en relación a la política de separación de niños migrantes de su familia, iniciativa que tachan de “cruel e inhumana”.
Asimismo, insisten en que las medidas contra los inmigrantes de la Administración Trump violan todas las normas de convivencia internacional y “atacan” la dignidad de las personas.
Se solicita al Gobierno de la República a retirarse de cualquier esquema de cooperación bilateral con los Estados Unidos. (…) En tanto el presidente (de EE.UU.) Donald Trump no se conduzca con el respeto que merecen las personas migrantes”, indica un posicionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de México leída por el presidente del Senado mexicano, Ernesto Cordero.
Según Cordero, la sugerencia será debatida por todos los integrantes del Congreso y sometida a votación para tomar las medidas necesarias en respuesta a la política de migración que ha afectado a más de dos millones de niños, entre ellos de México y de países centroamericanos.
La estrategia de separación de familias de Trump busca disminuir de alguna manera el masivo flujo migratorio desde la frontera mexicana. No obstante, las organizaciones internacionales pro derechos humanos han alertado de las consecuencias negativas de esta política.
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