Por: Humaira Ahad
Alguna vez consideradas el referente global de dinamismo académico y libertad intelectual, varias de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos se encuentran ahora inmersas en investigaciones federales sin precedentes y en concesiones impuestas por la administración Trump.
El eje del conflicto gira en torno a miles de millones de dólares en financiamiento federal para investigación y una creciente presión política que, según advierten los críticos, podría transformar radicalmente la educación superior en Estados Unidos.
Un punto de inflexión se produjo a finales de julio, cuando la Universidad de Columbia alcanzó un acuerdo de 200 millones de dólares con la administración Trump. El trato permitió desbloquear más de 400 millones en subvenciones de investigación que previamente habían sido congeladas, pero impuso condiciones drásticas que han alarmado tanto a expertos jurídicos como a defensores de la educación.
Como parte del acuerdo, Columbia no solo aceptó pagar la multa, sino también la designación de un supervisor aprobado por el gobierno con autoridad sobre sus procesos de admisión y departamentos académicos, incluidos los estudios sobre Asia Occidental, bajo el pretexto de abordar el “antisemitismo” en el campus.
“El acuerdo otorga una forma legal a un esquema de extorsión”, afirmó David Pozen, profesor de Derecho en Columbia, quien se ha erigido como uno de los críticos más contundentes del pacto.
“La política educativa en Estados Unidos se está formulando ahora mediante acuerdos ad hoc, una forma de regulación que no solo es contraria al ideal de la universidad como espacio de pensamiento crítico, sino también corrosiva para la libertad académica y el Estado de derecho”, señaló.
Un nuevo modelo de coerción
La administración Trump ha retratado a las instituciones de élite como bastiones de la “ideología liberal” y las ha acusado de fomentar entornos “hostiles para los estudiantes judíos”.
Desde enero, la Casa Blanca ha colaborado con agencias como los Departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos, y Justicia, para presionar a decenas de universidades con acusaciones infundadas de “antisemitismo, violaciones de derechos civiles y prácticas discriminatorias en admisiones”.
Más de 60 universidades recibieron advertencias formales del Departamento de Educación en marzo de este año, ordenándoles “tomar medidas para proteger a los estudiantes judíos o enfrentar posibles sanciones”.
Para muchas instituciones, las consecuencias financieras fueron inmediatas y sorprendentes.
En abril, la administración Trump congeló más de mil millones de dólares en fondos destinados a investigación para universidades como Cornell, Brown y otras instituciones de la Ivy League.
Recientemente, la Universidad de Brown acordó pagar 50 millones de dólares a programas de desarrollo laboral en Rhode Island para resolver investigaciones gubernamentales y recuperar el acceso a fondos federales.
La Universidad de Harvard, cuyo Centro de Estudios sobre Asia Occidental ha sido criticado por un presunto sesgo antiisraelí, continúa negociando con agencias federales mientras impugna judicialmente la pérdida de su financiamiento.
“El acuerdo que alcanzamos con Columbia proporciona una hoja de ruta para que otras instituciones se ajusten a las normas”, declaró un portavoz de la Casa Blanca a finales de julio.
Detrás de esta postura gubernamental se esconde una estrategia política más amplia de imposición. Expertos advierten que el marco legal utilizado contra Columbia podría replicarse para vigilar o sancionar a departamentos, docentes o agrupaciones estudiantiles que cuestionen las políticas gubernamentales.
La ofensiva contra Columbia
Columbia se convirtió en un foco nacional a principios de este año, cuando las protestas estudiantiles por el genocidio en Gaza se intensificaron y se expandieron por todo el campus. Estudiantes y profesores exigían que la universidad rompiera vínculos con instituciones israelíes y desinvirtiera en empresas proveedoras de armamento al ejército israelí.
A medida que crecían las movilizaciones, políticos de derecha acusaron a la universidad de fomentar “antisemitismo”. En respuesta, la administración adoptó una postura autoritaria, permitiendo la entrada de la policía al campus, arrestando a manifestantes estudiantiles y cancelando eventos pro-Palestina.
Tras esta represión, la investigación federal sobre la gestión de Columbia frente a estos hechos se intensificó. Con los fondos congelados, la universidad inició negociaciones con la administración Trump, un proceso que, según fuentes internas, estuvo lejos de ser voluntario.
“El acuerdo”, escribe Pozen, “le otorga forma legal a un esquema de extorsión. El proceso fue similar al de un jefe mafioso exigiendo dinero de protección a un negocio local”.
La administración Trump amenazó a la universidad de forma indirecta, insinuando que “sería una lástima que algo le pasara”.
Según los términos del pacto, la universidad estará ahora sometida a una supervisión federal continua. Un interventor tendrá acceso a los registros de admisión para garantizar el cumplimiento de la reciente prohibición del Tribunal Supremo contra la acción afirmativa, una medida que, según temen muchos, afectará desproporcionadamente a estudiantes extranjeros, especialmente de países asiáticos y africanos.
Asimismo, los departamentos académicos percibidos como críticos de la política exterior estadounidense —en particular los enfocados en Asia Occidental— también estarán bajo revisión tras el acuerdo.
La libertad académica, en peligro
Juristas advierten que estos acuerdos entre la administración y las universidades representan un precedente alarmante de injerencia federal en la gobernanza académica.
Podrían permitir al gobierno influir en el currículo, las prácticas de admisión y la administración interna de las universidades, condicionando el acceso a fondos de investigación al cumplimiento de exigencias políticas, lo cual pone en entredicho la autonomía institucional en la educación superior.
Para universidades que dependen en gran medida de subvenciones federales para financiar desde investigación médica hasta innovación tecnológica, el riesgo es existencial. Solo en 2022, Columbia recibió más de 650 millones de dólares en fondos federales para programas en ciencia, salud e ingeniería.
Expertos afirman que, al vincular dicho financiamiento con demandas políticas, la administración convierte la investigación en una herramienta de control partidista.
Las universidades estadounidenses enfrentan ahora una disyuntiva crucial: cumplir con las exigencias federales y comprometer su integridad académica, o resistirse y arriesgar la pérdida de fondos esenciales para su funcionamiento e investigación.
Texto recogido de un artículo publicado en PressTV.
