Escrito por Xavier Villar
Dos líneas rojas estructuran esta zona: al oeste, una prolongación desde el extremo más occidental de la isla iraní de Qeshm hasta el emirato de Umm al Quwain; al este, una segunda línea que conecta el monte Mobarak en Irán con Fujairah. El mapa no funciona como simple representación cartográfica. Es un acto performativo de soberanía, una intervención sobre la gramática misma del espacio marítimo del Golfo Pérsico y sobre las condiciones bajo las cuales puede decirse que ese espacio es gobernado.
La publicación del mapa coincidió con el lanzamiento por parte del presidente estadounidense Donald Trump del llamado “Proyecto Libertad”, una operación naval destinada a escoltar petroleros varados a través del estrecho, que ha permanecido en gran medida interrumpido desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos-Israel e Irán el 28 de febrero. Horas después de que buques de guerra estadounidenses intentaran forzar el tránsito, se declaró un incendio en las instalaciones petroleras de Fujairah, uno de los principales nodos energéticos de los Emiratos. Aunque Teherán no asumió inicialmente responsabilidad directa, un alto oficial iraní describió posteriormente el incidente como “el resultado del aventurerismo del ejército estadounidense al intentar abrir un corredor para el paso ilegal de buques por las vías prohibidas del estrecho de Ormuz”. La lógica era inequívoca: cualquier intento de alterar el control del estrecho produciría efectos que exceden su propio perímetro.
Lo que se articula aquí no es una disputa técnica sobre navegación o tránsito, sino un conflicto sobre la forma misma de la soberanía en el espacio marítimo: quién puede definir las condiciones del movimiento, quién puede imponerlas y qué tipo de fuerza puede hacerlas efectivas. El mapa impugna directamente las concepciones liberales del mar como espacio neutral regido por normas universales. Frente a ello, afirma que la soberanía no se deduce de abstracciones jurídicas, sino de la articulación entre geografía, infraestructura crítica y capacidad efectiva de proyección.
La geografía como forma discursiva de soberanía
El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una cuarta parte del petróleo transportado por vía marítima a escala global, además de volúmenes significativos de gas natural licuado y fertilizantes, ha sido descrito como un “ecualizador estratégico” para Irán. Sin embargo, esta noción es insuficiente. El estrecho no es únicamente un punto de estrangulamiento geográfico, sino un espacio donde la soberanía se enuncia, se disputa y se materializa.
La capacidad iraní de interrumpir el tráfico marítimo no se limita a la producción de costes para Estados Unidos o para la economía global en general. Reordena, sobre todo, su posición en el campo de la negociación, permitiéndole resistir demandas como la exigencia estadounidense de desmantelar su programa nuclear. Esto no se logra mediante simetría militar, sino mediante la reconfiguración de las condiciones en las que la fuerza adquiere significado político. Los efectos sobre mercados energéticos, transporte y cadenas de suministro no son externos al conflicto: son el medio a través del cual esa capacidad se vuelve legible.
Esta traducción del control geográfico en efecto político desborda los marcos liberales que conciben el poder como equivalencia tecnológica o balance militar. Desde esa perspectiva, la capacidad de producir efectos desproporcionados mediante el control de infraestructuras críticas aparece como anomalía. Sin embargo, lo que se expresa aquí no es una desviación, sino otra racionalidad estratégica: no orientada a la paridad, sino a la explotación de asimetrías para alterar el cálculo del adversario.
Lo decisivo no es el enfrentamiento directo, sino la inscripción del conflicto en las infraestructuras de circulación global. El estrecho condensa rutas marítimas, sistemas de seguros, contratos energéticos y expectativas de mercado en un único punto de vulnerabilidad. El conflicto deja entonces de ser localizable. Se convierte en una perturbación distribuida que atraviesa cadenas logísticas, altera temporalidades de suministro y reconfigura anticipaciones económicas. La inflación, la volatilidad energética o la presión sobre los mercados financieros no son efectos secundarios, sino formas de aparición de ese poder sobre la circulación.
El estrecho funciona así como un dispositivo de soberanía que redistribuye los costes del conflicto más allá de los actores directamente implicados y obliga a terceros a intervenir no por alineamiento político, sino por necesidad sistémica. En este desplazamiento, Irán no busca equivalencia con sus adversarios: interviene en el propio marco en el que esa equivalencia se define.
Emiratos como “proxy” israelí
El ataque a Fujairah no puede leerse como un episodio aislado. Responde a una serie de decisiones adoptadas en Abu Dhabi y Dubái que, tras el alto el fuego del 8 de abril, asumieron una orientación crecientemente hostil hacia Irán. Esta línea incluyó presión diplomática coordinada con Estados Unidos e Israel, medidas coercitivas contra residentes iraníes, congelación de activos, intensificación de la presencia israelí en ámbitos de inteligencia y seguridad, así como la apertura de nuevas funciones logísticas para Estados Unidos tras el alto el fuego. A ello se sumaron intervenciones destinadas a alterar los equilibrios del mercado energético.
Estas prácticas sitúan a los Emiratos dentro de una configuración estratégica específica: la de un proxy israelí en el Golfo Pésrico. La categoría no funciona aquí como invectiva, sino como descripción de una inserción funcional en redes de poder más amplias. Desde los Acuerdos de Abraham de 2020, la relación con Israel ha reconfigurado la posición de Abu Dhabi dentro de la arquitectura regional. Los Emiratos operan como nodo en circuitos de vigilancia, logística e inteligencia que exceden su escala estatal y responden a agendas parcialmente externas a su propia soberanía.
Esta inserción no es únicamente militar o diplomática; es también jurídica. El comercio marítimo global se ha estructurado históricamente a través de regímenes legales cuya genealogía remite a formaciones del Atlántico Norte. Aunque ya no operan como hegemonía exclusiva, estas infraestructuras normativas siguen inscritas en el orden contemporáneo. El derecho ha sido central en la organización de la circulación mercantil, y los regímenes coloniales han dejado huellas duraderas en el derecho marítimo. Las arquitecturas jurídicas del Atlántico Norte, aun sin monopolio, permanecen incrustadas en la gobernanza del comercio global. Los Emiratos, como plataforma logística y financiera, operan dentro de ese entramado que articula circulación, seguridad y legitimidad bajo condiciones que no controlan plenamente.
Irán, por su parte, desarrolla una estrategia sostenida hacia el Consejo de Cooperación del Golfo, explotando sus fracturas internas, en particular la divergencia entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Desde esta perspectiva, el Consejo ha dejado de operar como un actor cohesionado para convertirse en un marco fragmentado cuya coherencia estratégica se ha erosionado. La normalización entre Riad y Teherán mediada por China en 2023 introdujo una línea de fractura decisiva: mientras Arabia Saudí buscó estabilizar su relación con Irán para proteger su infraestructura energética y optimizar ingresos, Abu Dhabi profundizó una orientación confrontacional.
Esta divergencia reconfigura las condiciones de acción de los Emiratos. Ya no pueden asumir el respaldo automático de Arabia Saudí en iniciativas que afecten la relación de Riad con Teherán. Kuwait y Baréin operan bajo restricciones estructurales derivadas de su vulnerabilidad geográfica. Omán y Catar han mantenido históricamente canales abiertos con Irán. El resultado no es simplemente una pérdida de influencia, sino una forma de aislamiento inscrita dentro del propio entramado institucional destinado a producir seguridad colectiva.
La reciente salida de los Emiratos de la OPEP inscribe este proceso de reordenamiento. Ante la dificultad de operar en estructuras donde la influencia iraní es creciente y sin un entorno regional dispuesto a sostener una política de confrontación sostenida, Abu Dhabi busca márgenes de autonomía. Sin embargo, esos márgenes son estrechos. La advertencia iraní de que un nuevo conflicto situaría a Abu Dhabi y Dubái como objetivos directos no introduce una amenaza externa, sino que explicita una condición estructural. La geografía impone límites claros: baja profundidad estratégica, concentración de infraestructuras críticas y dependencia de la estabilidad regional para sostener la acumulación económica. En ese marco, la protección estadounidense aparece menos como garantía que como promesa contingente.
La reciente reconfiguración de los Emiratos respecto a distintos marcos energéticos expresa menos una afirmación de autonomía que el reconocimiento de un desplazamiento estructural. Abu Dhabi constata que ni Estados Unidos ni Israel ofrecen garantías consistentes para la protección de sus intereses en un entorno de escalada sostenida. Su capacidad militar, dependiente de apoyos externos, resulta insuficiente frente a un adversario dispuesto a operar en horizontes temporales prolongados y bajo umbrales elevados de riesgo. Más decisivo aún, el liderazgo emiratí ha sobreestimado durante años su centralidad en la arquitectura regional.
Mohammed bin Zayed, que había cultivado la imagen de actor indispensable en la diplomacia regional, ha sido progresivamente desplazado hacia posiciones periféricas. En el orden emergente, Abu Dhabi ya no ocupa el centro de decisión, sino los márgenes de un sistema cuya configuración no determina.
El resultado es un entorno estratégicamente adverso. Irán dispone de capacidad y motivación para ejercer presión directa sobre los Emiratos. Arabia Saudí percibe su autonomía como competencia que debe ser contenida. Estados Unidos no estructura ya su relación con Abu Dhabi como garantía incondicional, sino como apoyo contingente subordinado a sus propias prioridades estratégicas.
La ilegibilidad de la soberanía iraní
El mapa del IRGC interrumpe las formas habituales de conceptualizar la soberanía marítima dentro del derecho internacional. Las divisiones entre aguas territoriales, zonas económicas exclusivas y alta mar presuponen un régimen de legalidad que opera de manera abstracta respecto de las relaciones de fuerza. El mapa iraní desestabiliza esa separación.
Desde los marcos liberales, esta afirmación aparece como desviación del orden internacional: violación normativa, conducta revisionista o expresión de irracionalidad estratégica. Sin embargo, desde otra perspectiva, lo que se articula es una forma distinta de soberanía, en la que la autoridad no depende del reconocimiento jurídico, sino de la capacidad efectiva de estructurar el espacio.
El fracaso del “Proyecto Libertad” de Trump ilustra este límite. Pese al despliegue naval y a la proclamación de aperturas seguras del estrecho, el resultado tangible fue la intensificación de la presión sobre infraestructuras críticas en los Emiratos, el aumento de los costes energéticos y la confirmación de las advertencias iraníes. La secuencia no mostró una reafirmación de autoridad estadounidense, sino la exposición de sus límites operativos frente a formas asimétricas de contestación.
El mapa del CGRI no es, en última instancia, una representación del control existente, sino una intervención sobre el horizonte de lo posible. Funciona como enunciación de un orden en formación, en el que la soberanía se define menos por su reconocimiento formal que por su capacidad de imponerse en la práctica. Ese orden no depende de la negociación de principios abstractos, sino de la repetición de hechos consumados que reconfiguran progresivamente las condiciones del sistema.
Lo que se anuncia aquí no es simplemente un conflicto, sino una transformación en la gramática del Golfo Pérsico: un desplazamiento desde la legalidad abstracta hacia formas de soberanía ancladas en la materialidad del control, donde el poder deja de ser representado para ser ejercido.
