Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la presidenta registra la peor evaluación en seguridad, salud, educación y economía, con un rechazo del 93 % y solo 4 % de aprobación. Su incapacidad para enfrentar la delincuencia y la corrupción, sumada a escándalos de blindaje político, han generado un profundo descontento.
Por su parte, el Congreso ha caído a un histórico 2 % de aprobación, producto de decisiones impopulares que han favorecido a sectores ligados a la criminalidad.
El gobierno de Boluarte y el Congreso alcanzan récords de desaprobación del 93 % y 95 %, respectivamente. La gestión presidencial no logra enfrentar la inseguridad ni la crisis económica, mientras el Parlamento favorece a sectores cuestionados. Perú atraviesa un colapso institucional que agrava el descontento ciudadano.
El 69% de los encuestados desaprueba la gestión de Boluarte en la lucha contra la delincuencia, cifra más alta en comparación con gobiernos anteriores, donde la desaprobación no superó el 45 %.
Desde la creación del cuarto de guerra, según Boluarte, 243 delincuentes han sido capturados. A pesar de las leyes aprobadas por el Congreso para combatir la delincuencia, la credibilidad de estas acciones es cuestionada.
Esta disconformidad surge mientras el Congreso impulsa leyes que benefician a delincuentes, como limitar la detención preliminar y reducir los plazos de colaboración eficaz.
Aarón Rodríguez, Lima
sbd/ctl
