A juicio de los movimientos venezolanos defensores de los derechos humanos, la Ley de Amnistía, que es una propuesta de los recién elegidos parlamentarios de la coalición derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD), representa una burla a los familiares de las personas que perdieron la vida durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez (11 de abril de 2002).
Una Ley de Amnistía que vaya en detrimento de la justicia y la dignidad de las víctimas constituiría un acto de violación a los derechos humanos, contrario al estado Social de Derecho y Justicia imperante constitucionalmente en Venezuela”, recalcó la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) y la también vocera de las oenegés, María Eugenia Russián
En este sentido, la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) y la también vocera de las oenegés, María Eugenia Russián rechazó en una rueda de prensa cualquier iniciativa legislativa que promueva la impunidad.
"Una Ley de Amnistía que vaya en detrimento de la justicia y la dignidad de las víctimas constituiría un acto de violación a los derechos humanos, contrario al estado Social de Derecho y Justicia imperante constitucionalmente en Venezuela", recalcó.
Asimismo, las organizaciones firmaron un comunicado en el que señalaron que la aprobación de cualquier instrumento normativo que atente contra la búsqueda de justicia tendría efectos perjudiciales en la democracia del país suramericano.
En este mismo sentido, recordaron que los actores políticos de la oposición han generado un alto número de víctimas y cuantiosos daños a la nación en diversos actos de violencia contra la institucionalidad a partir de 2002
Ratificaron también que los responsables de numerosos asesinatos se verían beneficiados y protegidos, en el caso de que se apruebe esta legislación.
Por lo tanto, solicitaron una Ley Habilitante al presidente de la República, Nicolás Maduro, para crear una Comisión por la Justicia y la Verdad con la participación de los Poderes Públicos y las víctimas, a fin de estudiar cada uno de los casos de violencia.
En febrero de 2014, Venezuela fue escenario de manifestaciones antigubernamentales que, según las autoridades, entre ellas Maduro, orquestó la ultraderecha apoyada por EE.UU. con el objetivo de posibilitar un golpe de Estado contra el Gobierno.
Recientemente la referida propuesta fue rechazada dos veces por el Comité de Víctimas de las Guarimbas de Venezuela, primero el pasado mes de noviembre cuando denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHNU) la violencia impulsada por la oposición en los disturbios de 2013 y 2014 y la segunda vez el 11 de diciembre.
Las violentas manifestaciones acabaron con la vida de decenas de personas y dejaron centenares de heridos, además de provocar daños en edificios gubernamentales.
Igualmente, tras las elecciones del pasado domingo, 6 de diciembre, los opositores venezolanos insistieron en aprobar una amnistía para su líder encarcelado Leopoldo López y otros 80 presos “políticos” derechistas.
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