A través de un comunicado emitido este miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela ha tildado de “acusaciones infundadas” las declaraciones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en las que ha advertido de “reactivación” de represión de activistas venezolanos y detenciones de los opositores, acusados de supuestas conspiraciones.
Caracas ha calificado de “falsas y vergonzosas” las alegaciones de la referida misión de la ONU que ha presentado en la misma jornada ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) en Ginebra, la capital suiza.
La Cancillería de Venezuela ha destacado que esta agencia independientemente vuelve a violar todos los principios de la Carta de la ONU para que siga la política fracasada de “cambio de régimen” instruida desde EE.UU.
La Cartera ha declarado que estas acusaciones han promovido por los países del “Grupo de Lima”, constituido por gobiernos de ultraderecha, la mayoría de los cuales tienen cuentas pendientes con los Derechos Humanos.
Además, ha enfatizado que “Venezuela no acepta ni aceptará ninguna medida que se desprenda de este adefesio, presentado ante un Consejo que nada ha hecho por detener el genocidio al pueblo palestino” y ha recordado que “el sistema creado para proteger a los pueblos se ha transformado en el principal aliado y protector de sus victimarios”.
Reiterando su compromiso con la “promoción, respeto y protección” de los derechos humanos, “como un valor supremo”, Venezuela ha instado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sus mecanismos a cooperar y a avanzar sobre la base del diálogo genuino y respetar los principios como la imparcialidad y la no injerencia en asuntos internos de los países.
El pasado enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó la inhabilitación de la dirigente opositora María Corina Machado, por un período de 15 años, para ejercer funciones públicas, por ser partícipe en la trama de corrupción, lo que implica que no puede presentarse como candidata a ningún cargo de elección popular.
Tras esta medida de Venezuela, los países occidentales encabezados por EE.UU. y la Unión Europea (UE) empezaron imponer sanciones contra el país bolivariano y criticar de la situación de derechos humanos.
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