Esta es mi tierra; Birmania: Islamofobia, genocidio de los Rohingya

Los Rohingya sufren una creciente persecución en Myanmar (Birmania) desde 2012, cuando estalló el brote de violencia entre budistas de la etnia Rajine y musulmanes que dejó decenas de muertos y unas 120 000 personas confinadas en 67 campos de desplazados.

Pero esta etnia cultural, religiosa y lingüística, considerada una de las más perseguidas del mundo por Naciones Unidas, sufre una discriminación histórica por parte de las autoridades birmanas. Estas consideran que son inmigrantes bengalíes que llegaron hace décadas de la actual Bangladés, que tampoco los reconoce como ciudadanos propios.

Los musulmanes Rohingya se convirtieron en apátridas en Birmania –un país de mayoría budista–, en 1982, cuando el régimen militar del General Ne Win aprobó una ley según la cual solo pueden optar a ser ciudadanos de pleno derecho los miembros de aquellos grupos étnicos que se hallaran en territorio birmano antes de 1824, el comienzo de la ocupación británica.

El Gobierno reconoció con ese decreto a un total de 135 grupos indígenas donde no está incluida la población Rohingya y también inició una campaña nacionalista que usaba la religión budista como símbolo de identidad nacional, que se prolonga hasta la actualidad. En la práctica, todo esto ha significado que los Rohingya se hayan visto despojados de todos sus derechos, entre ellos, la libertad de circulación, su derecho a casarse y el acceso a la educación o la asistencia sanitaria.

Durante 2015, el Gobierno no realizó ningún progreso en relación con la concesión de los derechos básicos a los musulmanes Rohingya, una minoría étnica en el estado de Rajine, en la frontera con Bangladés.

El Gobierno negó, en repetidas ocasiones, la existencia del término “Rohingya”, rechazando su existencia como minoría étnica y haciendo caso omiso de las recomendaciones formuladas en las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Birmania para que modificara la ley de ciudadanía de 1982, en el sentido de concederle la ciudadanía a los Rohingya. En 2015 se estimó que 140 000 personas -la mayoría de ellas Rohingya- permanecían desplazadas en el estado de Rajine como resultado de los hechos de violencia de 2012. La legislación aprobada en 2015 restringió, aún más, sus derechos.

En febrero, el presidente Thein Sein, emitió una orden ejecutiva que invalidaba las tarjetas de identificación temporal (blanca), predominante en manos de las Rohingya. La invalidación de las tarjetas de identificación temporal los privó del derecho al voto, así como de cualquier tipo de documentación oficial. Además, en 2015, las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos de los Rohingya.

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