Se trata de un informe publicado este domingo por el periódico brasileño Estado, en el que se revela que, en diciembre de 2019, el Gobierno de Brasil, presidido por Jair Bolsonaro, envió a cuatro agentes secretos a la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-25) para que espiaran a las oenegés, a los propios delegados brasileños, así como a las delegaciones de otros países participantes.
En este sentido, fuentes gubernamentales han reaccionado a esta información y han señalado que esta fue la primera vez que se enviaban agentes secretos a este tipo de reuniones de índole internacional.
Gracias a una petición formulada por Estado, amparada en la Ley de Acceso a la Información, se han confirmado los nombres de los individuos implicados, que aparecían en los listados de las delegaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fueron enviados como “analistas” por el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) o un coronel de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).
A este respecto, un miembro de la ABIN ha explicado, bajo condición de anonimato, que, con esta medida, la misión buscaba captar críticas al Gobierno de Bolsonaro, especialmente sobre el tema de la Amazonía, y así “defender los intereses del país”, ya que, ha añadido, las campañas de las ONG eran motivo de “preocupación”.
Mientras tanto, uno de los miembros de la delegación ha expresado su sorpresa por la presencia de agentes secretos y ha indicado que ni siquiera se presentaron al resto de la delegación. Por su parte, otros dos integrantes del grupo han indicado que fueron interrogados por los “representantes del GSI” sobre sus actividades.
La cumbre de la COP25 se celebró en diciembre de 2019, en plena destrucción de la Amazonía por graves incendios, que, conforme a varios expertos y activistas, fueron provocados por las políticas del presidente brasileño.
Bolsonaro, que defiende la expansión de actividades agropecuarias y mineras en la selva tropical, afirmó en ese entonces que “cualquier muerte preocupa” y que su Gobierno era “contrario a la deforestación ilegal”. Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, entre ellas las Naciones Unidas, acusaron al mandatario brasileño de promover políticas que debilitan la protección del medioambiente y de los pueblos indígenas.
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