La demanda, presentada el viernes ante un tribunal federal de Boston por la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP) de la Universidad de Harvard y el brazo nacional de la organización académica, acusa a la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump de intentar “socavar ilegalmente la libertad académica y de expresión” mediante presiones económicas. Según los docentes, esta acción busca castigar el activismo pro-Palestina en el campus.
Amenazas como son una “pistola en la cabeza” existencial para una universidad, señala la demanda según reportó The Harvard Crimson. “Buscan imponer a Harvard posturas políticas y preferencias ideológicas de la Administración de Trump, obligándola a castigar discursos disidentes”, se lee en la nota.
La demanda fue presentada junto a una solicitud de medida cautelar urgente, argumentando que la revisión de fondos federales por parte del gobierno era “arbitraria y caprichosa” al no ofrecer una explicación razonada para la amenaza de retirar los fondos, un movimiento interpretado como represalia por el activismo pro-Palestina en el campus.
Según reportes de The Harvard Crimson y otros medios, un portavoz de la Universidad de Harvard confirmó que la institución recibió este mes una carta de un grupo de trabajo federal con exigencias políticas vinculadas a casi $9 mil millones en fondos públicos. Entre las exigencias figuraban la prohibición de máscaras en protestas estudiantiles, condiciones interpretadas como un intento de silenciar el activismo pro-Palestina en el campus.
En la carta obtenida por The Harvard Crimson se lee que las exigencias de la Administración de Trump a la universidad incluyen una “cooperación plena” con el Departamento de Seguridad Nacional (encargado de aplicar políticas migratorias) y reguladores federales para garantizar el “cumplimiento total” de las normas.
La Universidad de Harvard recibió la carta con exigencias días después de que los departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Administración de Servicios Generales (GSA) anunciaran una investigación sobre 8700 millones en subvenciones y más de 255 millones en contratos entre Harvard, sus filiales y el gobierno federal, según un comunicado oficial. La revisión —coordinada por una fuerza operativa federal— amenaza con congelar fondos críticos para investigaciones médicas y proyectos científicos.
Esta ofensiva contra Harvard se enmarca en una campaña más amplia de la Administración de Trump contra universidades de élite, cuyos fondos federales están siendo condicionados a restricciones contra protestas pro-Palestina, entre otros. Según expertos, el movimiento busca castigar a instituciones percibidas como “progresistas” en año electoral.
nsh/ncl/tmv
