Por: Xavier Villar
Recientemente, la prensa israelí dio a conocer un documento interno que ha generado controversia a nivel internacional. Se trata de una guía destinada a instruir a los soldados israelíes sobre cómo eludir posibles detenciones fuera de los territorios ocupados palestinos debido a su participación en las ofensivas militares en Gaza, que han sido calificadas por diversos organismos internacionales como crímenes de guerra.
La guía, cuya existencia ha sido confirmada por fuentes gubernamentales, incluye una serie de recomendaciones que buscan mitigar la exposición de Israel ante posibles investigaciones por parte de organismos como la Corte Penal Internacional (CPI). Entre los fragmentos filtrados, destacan consejos relacionados con la presentación pública de operaciones militares, la documentación de bajas civiles y la preparación de argumentos jurídicos para justificar las acciones cometidas en Gaza.
Diversos analistas han subrayado que la mera existencia de este tipo de guías evidencia la preocupación del régimen israelí por las posibles consecuencias legales de sus acciones en los territorios ocupados. En este sentido, los expertos jurídicos ven en estas recomendaciones un intento de evadir responsabilidades en lugar de prevenir posibles violaciones al derecho internacional humanitario.
Esta estrategia llega en un momento en el que el escrutinio sobre Israel es cada vez mayor. La Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos, incluyendo operaciones militares que han dejado un saldo elevado de víctimas civiles. En lugar de asumir un compromiso real con la rendición de cuentas, la guía refleja la preocupación de los líderes israelíes por blindarse ante los tribunales internacionales y preservar su impunidad.
Uno de los puntos más llamativos de la guía interna distribuida por las autoridades israelíes es la advertencia explícita sobre el riesgo que supone para los soldados compartir vídeos y fotos de sus agresiones en línea. Según el documento, este tipo de publicaciones pueden ser utilizadas como pruebas en investigaciones internacionales por crímenes de guerra.
“Definitivamente, subir vídeos en línea aumenta el riesgo legal”, señala la guía. “Los soldados que comparten imágenes proporcionan a organizaciones hostiles pruebas potenciales para respaldar sospechas en su contra”, añade el texto.
El aviso refleja una preocupación creciente por el uso de las redes sociales como herramienta de documentación por parte de las organizaciones de derechos humanos y los propios ciudadanos en los territorios ocupados. Las imágenes difundidas por soldados o civiles han permitido documentar incidentes que de otro modo podrían haber quedado ocultos.
En los últimos años, vídeos que muestran detenciones violentas, disparos a manifestantes desarmados o demoliciones de viviendas han circulado ampliamente en internet, alimentando denuncias contra Israel ante la Corte Penal Internacional y otras instancias legales. El régimen israelí, lejos de fomentar la transparencia, parece centrado en mitigar el riesgo de que estas pruebas visuales sean utilizadas en su contra.
Otro de los puntos más controvertidos de la guía interna distribuida por las autoridades israelíes es la advertencia sobre los riesgos legales que puede implicar algo tan cotidiano como elegir un destino de vacaciones. Los soldados y altos mandos que han participado en operaciones militares en los territorios palestinos deben tener cuidado al viajar al extranjero, ya que podrían ser objeto de detenciones o investigaciones judiciales basadas en la jurisdicción universal.
El documento plantea la pregunta “¿Cómo puedo verificar si mi destino supone un riesgo antes de viajar?”, y ofrece una recomendación clara:
“Las organizaciones de derechos humanos publican informes en línea que detallan la aplicación de la jurisdicción universal en varios países. Se recomienda encarecidamente consultar a un experto en derecho penal internacional antes de viajar”.
Esta advertencia refleja el creciente temor de las autoridades israelíes a que sus soldados y funcionarios sean detenidos en el extranjero por posibles crímenes de guerra cometidos en los territorios ocupados. La jurisdicción universal permite a los tribunales de ciertos países procesar a responsables de crímenes graves, como torturas, ejecuciones extrajudiciales o ataques indiscriminados contra civiles, sin importar dónde se hayan cometido los delitos.
La inclusión de este apartado en la guía refleja que, para muchos militares israelíes, su exposición no termina en el campo de batalla. Los viajes al extranjero, incluso por motivos personales, pueden convertirse en una amenaza legal si no toman las precauciones necesarias. Lo que para otros turistas es una cuestión de ocio y descanso, para estos soldados puede convertirse en un trámite legal complejo que requiere asesoramiento especializado.
La guía muestra, una vez más, que el foco del gobierno israelí está puesto en blindar a sus responsables ante posibles procesos judiciales, más que en garantizar que no se cometan abusos que puedan motivar esas mismas investigaciones.
Uno de los puntos que más comentarios ha suscitado en redes sociales se refiere a la difusión de contenido racista, con énfasis en que “incluso actos aparentemente menores pueden ser tratados como delitos graves”.
El texto advierte que “algunos países podrían tratar contenido aparentemente menor, como canciones racistas, como incitación al genocidio”.
En una de las secciones más controvertidas de la guía interna distribuida entre los altos mandos israelíes, se plantea una cuestión inquietante: ¿Debería Israel financiar la defensa legal de los soldados arrestados en el extranjero por crímenes de guerra? Esta pregunta, aparentemente administrativa, refleja una preocupación profunda por las crecientes acusaciones de abusos cometidos por las fuerzas israelíes durante sus operaciones en los territorios palestinos. En otras palabras: “Hay simplemente demasiados crímenes de guerra para defender”.
Por último, resulta relevante poner el foco en cómo las autoridades israelíes abordan una cuestión crucial: ¿Será más seguro viajar después de que termine el conflicto? La respuesta, lejos de ofrecer consuelo, pone de manifiesto una creciente preocupación sobre las posibles repercusiones a largo plazo de las operaciones militares israelíes, incluso tras el cese de las hostilidades. Según la guía oficial, “la amenaza puede no disminuir e incluso podría intensificarse a medida que Gaza se abra a los grupos de derechos humanos y periodistas extranjeros”. En otras palabras, ¿Las cosas mejorarán eventualmente? La respuesta parece clara: No, empeorarán cuando descubran lo que realmente hiciste.
Se puede decir, por tanto, que la existencia de la guía interna emitida por las autoridades israelíes y sus recomendaciones son, en muchos aspectos, una admisión voluntaria de las violaciones que el régimen de Israel ha cometido en Gaza durante más de un año de conflicto. Aunque la entidad sionista intenta presentar el documento como una herramienta preventiva para proteger a sus militares de acusaciones infundadas, el contenido de la guía puede interpretarse como una confesión pública, de los abusos y crímenes cometidos en los territorios palestinos.
