La medida, promovida por miembros del partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y sus aliados de extrema derecha, ha sido aprobada este jueves.
La ley autoriza al ministro del interior del régimen a deportar a miembros de la familia a la Franja de Gaza u otros destinos, según las circunstancias, si se descubre que “sabían de antemano” el plan de su emparentado y no hicieron nada para evitarlo.
El ministro del interior también podría expulsar a un familiar que “expresara apoyo o simpatía” por dichas operaciones en los territorios ocupados.
Según la legislación, quienes residen en los territorios ocupados podrían ser deportados durante un período de entre 7 y 15 años, mientras que los no residentes podrían enfrentar una deportación de al menos 10 hasta 20 años.
De aprobarse, la ley se aplicaría a los familiares de primer grado de los autores de las operaciones antisraelíes, incluidos padres, hermanos, hijos y cónyuges.
Tanto el llamado ministerio de justicia de Israel como la oficina del fiscal general han expresado su preocupación por la ley, diciendo que es legalmente problemático otorgar el poder a un ministro y no a los tribunales para deportar personas.
Eran Shamir-Borer, ex experto en derecho internacional del ejército israelí, ha señalado que es probable que la ley sea anulada por la corte suprema basándose en casos anteriores relacionados con la deportación. “La conclusión es que esto es completamente inconstitucional”, ha afirmado.
Esto mientras que las acciones de seguridad de las fuerzas israelíes y los ataques perpetrados por colonos en Cisjordania y Al-Quds (Jerusalén) han cobrado la vida a más de 750 palestinos en los territorios ocupados desde el inicio de la guerra contra la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023.
msm
