Los participantes en esta paralización, convocada por la Federación de Trabajadores de Arequipa, han repudiado también la militarización de la provincia sureña de Islay, una medida adoptada por el Gobierno para poder controlar las protestas en Tambo, que cumple la jornada de hoy 51 días.
“Llamo a las organizaciones sociales, políticas, vecinales, estudiantiles y juveniles a sumarse al paro para rechazar la pretensión de imponer Tía María con la fuerza de las armas”, convocó así el lunes el secretario general de la federación mencionada, Gerónimo López.
Para López, la iniciativa del Estado es una medida equivocada que hace la extensión de las manifestaciones a Arequipa, capital del departamento con el mismo nombre.
Entre tanto, la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), condenando la militarización del lugar, que a su juicio provoca más muertos, ha expresado su solidaridad con el paro de Arequipa y exigido la anulación del controvertido proyecto.
En este contexto, la región de Cocachacra, en el citado valle arequipeño, fue el lunes escenario de disturbios hasta altas horas de la noche.
Desde el pasado 23 de marzo, los pobladores de la provincia de Islay, mayoritariamente agrícola, mantienen un paro indefinido y enfrentamientos con la Policía en protesta por el proyecto cuprífero Tía María de la Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, que planea producir 120 mil toneladas anuales de cátodos de cobre a partir de 2017.
Durante estas protestas, un suboficial de la Policía Nacional murió tras haber resultado gravemente herido en la jornada de protestas del pasado miércoles.
A la muerte del suboficial de la policía se le suman dos más. El 22 de abril Victoriano Huayna, de 61 años, fue abatido a tiros por la Policía. El otro incidente ocurrió el martes: Henry Checlla, de 35 años, perdió la vida en las confrontaciones entre la Policía y los manifestantes.
Debido a las constantes protestas de los agricultores, a finales de marzo la compañía estuvo a punto de abandonar el proyecto y el Gobierno debió intervenir para evitarlo.
Cabe mencionar que las autoridades peruanas aseguran que el despliegue de tropas busca restablecer la paz y niegan que el Ejecutivo defienda los intereses de la empresa Southern Copper.
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