El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado publicado este domingo rechazó “de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi”.
El documento alude de ese modo a una orden ejecutiva emitida por Estados Unidos el 14 de marzo pasado, que aplica la Ley del Enemigo Extranjero de 1798 para criminalizar a los migrantes venezolanos.
La Cancillería calificó la normativa legal estadounidense como “anacrónica, ilegal y violatoria de los derechos humanos” y, en concreto, mencionó la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, e incluso dijo que su aplicación podría constituir un delito de lesa humanidad.
El comunicado define igualmente a la migración venezolana como “pacífica y trabajadora”, integrada mayoritariamente por “mujeres y hombres dignos y honestos, no terroristas ni criminales”.
Venezuela responsabilizó igualmente a figuras de la oposición de extrema derecha como María Corina Machado y Leopoldo López de impulsar políticas “que estigmatizan y persiguen” a su población en el exterior.
El documento también rechazó la expropiación de bienes personales, cuentas bancarias y negocios de migrantes en EE.UU., así como la amenaza de secuestro de menores de 14 años bajo acusaciones de vinculación con grupos terroristas. “Nunca en la historia se había llegado al extremo de calificar a niños como criminales por ser venezolanos” y de perseguirlos en lugares de trabajo, colegios, iglesias y hospitales, agregó.
Venezuela en su nota convocó de manera urgente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la ONU para “denunciar esta acción aberrante”.
La Ley de Enemigos Extranjeros es una normativa que se remonta a 1798, y fue invocada por el mandatario estadounidense Donald Trump este sábado para acelerar las deportaciones contra miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Aunque fue promulgada para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra, actualmente podría utilizarse contra inmigrantes que no han cometido ningún delito y viven legalmente en Estados Unidos.
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