El grupo defensor de los derechos humanos Justice for Myanmar reveló en un informe publicado el jueves que el productor de armas israelí CAA Industries Ltd. envió equipos a un proveedor del Ejército de Myanmar (Birmania) en julio de 2019.
El envío de dos toneladas incluía moldes para inyectar polímeros plásticos que podrían usarse para fabricar partes de rifles como empuñaduras y manijas, indicó el informe.
Tras publicar imágenes de rifles fabricados por las industrias de armas del Ejército de Myanmar, rifles de asalto, rifles de francotirador y ametralladoras ligeras, y el grupo ha identificado empuñaduras y culatas con el mismo diseño que vende CAA.
“Según las normas internacionales de derechos humanos sobre empresas y derechos humanos, CAA Industries tiene la responsabilidad de llevar a cabo la debida diligencia y prevenir o mitigar y remediar cualquier impacto negativo sobre los derechos humanos relacionados con el uso final de sus productos y servicios”, dijo Justice for Myanmar en una declaración, pidiendo a la empresa israelí que detenga de inmediato cualquier colaboración, incluidos los envíos de accesorios para maquinaria especializada y moldes de inyección a Myanmar.
El equipo militar fue proporcionado a la compaña Star Sapphire Group, que fue el intermediario entre los contratistas israelíes y la junta militar de Myanmar, una empresa que ya había sido objeto de sanciones de EE.UU. y de la Unión Europea (UE) por el genocidio de la minoría musulmana Rohingya.
El texto también incluyó una carta del abogado israelí Eitay Mack, quien dijo que las armas producidas con la ayuda del equipo de la empresa israelí podrían ayudar a la campaña militar de persecución y exterminio de Myanmar contra activistas por la democracia, periodistas y el público en general.
“Lo que hace que este acuerdo sea particularmente problemático es que proporciona al Ejército de Myanmar las herramientas para mejorar sus armas pequeñas y este conocimiento permanecerá. No es un envío único de armas, sino productos y herramientas que se pueden guardar y usado para muchas cosas”, agregó Mack.
Entre 2016 y 2017, unos 10 000 Rohingya perdieron la vida y más de 700 000 han huido a Bangladés, cuando el Ejército birmano intensificó sus ataques contra esta población, y quemó cientos de viviendas y aldeas enteras de los musulmanes en el estado de Rajine, según la ONU, que considera una “limpieza étnica” el trato que Myanmar brinda a esta comunidad.
El caso abierto contra el Estado de Myanmar fue llevado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2019 se vio complicado por el golpe militar de febrero de 2021 que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, provocando masivas protestas y una sangrienta represión.
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