• El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofrece una entrevista con India Today TV, 20 de febrero de 2026.
Publicada: sábado, 21 de febrero de 2026 11:15

El presidente de Brasil calificó de inaceptable el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su juicio por parte de Estados Unidos.

“Lo que importa ahora es restablecer la democracia en Venezuela, eso es lo más importante. Y creo que si Maduro tiene que ser juzgado, debe serlo en su país, no en el extranjero”, dijo el viernes Luiz Inácio Lula da Silva en una entrevista con India Today TV durante su visita a la cumbre de Inteligencia Artificial (IA) celebrada en la India.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue secuestrado, junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante una invasión militar nocturna estadounidense, que incluyó ataques a instalaciones civiles y militares en Caracas, la capital, y otras ciudades del país sudamericano, los cuales dejaron más de un centenar de muertos, civiles incluidos.

La pareja presidencial fue trasladada a Nueva York, donde se encuentra detenida en una prisión de máxima seguridad, y enfrenta cargos por supuesto tráfico de drogas, acusación que rechaza Maduro categóricamente.

Cuando se le preguntó sobre la agresión ilegal estadounidense en Venezuela, Lula, quien probablemente realizará una visita el próximo mes a Washington, dijo que Brasil no puede aceptar la captura de un jefe de Estado por otro.

Asimismo, argumentó que los ciudadanos brasileños acusados de delitos y que viven en Estados Unidos deben ser juzgados en Brasil, y que tiene la intención de presentar una propuesta por escrito sobre el asunto al presidente estadounidense Donald Trump.

 

Lula, uno de los líderes más influyentes en Sudamérica, se ha sumado a muchos otros líderes globales y regionales en condenar el ataque estadounidense a Venezuela, exigiendo la liberación de Maduro. El mandatario brasileño enfatizó tras el ataque estadounidense que la justicia internacional no puede seguir ignorando esta agresión a la democracia.

El Gobierno Bolivariano calificó el ataque como una “agresión criminal”, y advirtió que la operación estaba dirigida a lograr un “cambio de régimen” y apoderarse de recursos petroleros del país.

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