Los hechos descubiertos hace tres años comienzan a cerrarse, develando los acuerdos para lograr impunidad, en que está envuelto el principal persecutor.
Este grupo de parlamentarios quiere remover al Fiscal Nacional de Chile, por su responsabilidad en cómo se están resolviendo los casos de corrupción: ningún empresario y ningún político encarcelado. Queda a la luz la trama que lo llevó al cargo para asegurar que delitos graves, pasen como leves faltas tributarias.
El persecutor se esforzó en lograr acuerdos con los empresarios y hasta hoy, ninguno está preso.
En el emblemático Caso Penta, uno de los grupos empresariales más poderosos del país, sus dueños le pagaron 65000 dólares al vicemenistro de Energía del anterior Gobierno de Sebastián Piñera y a otros parlamentarios de la ultraderecha.
Entre las sanciones la más irónica, son las clases de ética empresarial que deberán cursar.
Desde que se conocieron los casos, rondaba la sensación de impunidad. Confirmado aquello, hoy se convierte en resignación y hastío.
Independientemente del resultado, esta solicitud es una señal política al pueblo chileno, para decir que aún es posible seguir luchando contra la corrupción.
Leonel Retamal, Santiago
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