Su protesta es para exigir justicia por ellas y sus hijos, que fueron dados en adopción sin consentimiento materno y llevados a países como Italia y Francia. La mayoría durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Esta semana, a más de 30 años del regreso a la democracia, se abrió el primer juicio que procesará a cinco de los responsables.
Ivonne Gutiérrez, entonces jueza de menores de San Fernando —quien reside actualmente en los territorios palestinos ocupados por Israel—, era la encargada de autorizar la salida de los bebés desde Chile hacia el extranjero.
La organización calcula en más de 20.000 los niños y niñas que fueron separados de sus familias y aunque el Estado tuvo participación, el tribunal no lo calificó como violación de derechos humanos. A muchas madres les dijeron que sus hijos habían fallecido.
45 años desde los crímenes de ayer, pero la última denuncia de despojo y adopción irregular es de 2024, en plena democracia.
Tras décadas de puertas cerradas, este primer procesamiento abre la esperanza de encontrar justicia y de saber dónde están sus hijos arrebatados.
Beatriz Michell, Santiago de Chile
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