En un comunicado emitido este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha informado de la inclusión en su lista de sanciones de varios funcionarios iraníes, incluido el ministro de Inteligencia, Mahmud Alavi, a quien ha acusado de estar involucrado en supuestas violaciones de derechos humanos contra el pueblo persa.
La medida también está dirigida a miembros de la junta directiva de la fundación Bonyad Mostazafan y otras 50 entidades que, según alega la nota, son subsidiarias de dicha organización.
El Tesoro estadounidense ha justificado esa tanda de sanciones, afirmando que Bonyad Mostazafin, una fundación caritativa encargada de proporcionar beneficios a los pobres y oprimidos, constituye una “red de patrocinio clave para Irán”.
Como consecuencia de la nueva medida coercitiva del Gobierno estadounidense, presidido por el saliente Donald Trump, los que participen en transacciones con los citados individuos y entidades iraníes podrán estar expuestos a sanciones.
Esos nuevos embargos marcan la medida más reciente de la llamada campaña de “máxima presión” que mantiene Washington contra Teherán, después de su salida, en mayo de 2018, del acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés).
El Gobierno saliente de EE.UU. reforzó la semana pasada su política hostil contra Irán, extendiendo la “emergencia nacional” contra este país.
Trump anunció su decisión en un momento en que Washington tiene cada vez menos oportunidades de imponer sanciones a Irán, dado que ya hay muchas, conforme reconoció en octubre el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Robert O’Brien.
Las autoridades iraníes, no obstante, han destacado la fallida política de la Administración de Trump, pues no solo no ha podido alcanzar su objetivo de renegociar con Irán, sino que ha dejado al país norteamericano en pleno aislamiento.
La República Islámica declara que la única forma de solucionar los problemas causados por los actos ilegales y sin precedentes de EE.UU. es que este último retorne al acuerdo nuclear y cumpla con las obligaciones estipuladas en el mismo, incluyendo el levantamiento de todas las sanciones.
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