Durante una conferencia de prensa el lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pondrá al Departamento de Policía Metropolitana de Washington bajo control federal directo y desplegará 800 soldados de la Guardia Nacional en un esfuerzo por “recuperar la ciudad”.
En este sentido, intensificó sus críticas sobre la situación de seguridad en la capital estadounidense, afirmando que Washington presenta una tasa de homicidios superior a la de algunas capitales latinoamericanas, como Bogotá (Colombia), Ciudad de México (México) o Lima (Perú).
Según Trump, esta medida, destinada a “liberar” a Washington, forma parte de una iniciativa más amplia para “retomar el control” de ciudades que, según afirmó, están amenazadas por la violencia.
Ese mismo día, la organización Human Rights Watch (HRW) tachó de “injustificado y peligroso” el despliegue militar ordenado por el mandatario Trump en Washington D. C.
“El uso de fuerzas militares para labores de aplicación de la ley civil es “peligroso e injustificado”, advirtió la directora de Human Rights Watch (HRW) para Estados Unidos, Tanya Greene.
El despliegue militar en Washington D. C. es injustificado y peligroso. pic.twitter.com/dbv69rjmH3
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) August 11, 2025
También, señaló que las acciones de la Administración Trump —como el despliegue de tropas en ciudades con poblaciones mayoritariamente racializadas, entre ellas Los Ángeles en junio y ahora Washington D. C.— aumentan el riesgo de que se produzca violencia.
Asimismo, subrayó que este despliegue implica un gasto de millones de dólares que, en su opinión, podrían invertirse en servicios esenciales como alimentación y vivienda asequible, necesidades urgentes para muchas personas.
Al concluir, Greene señaló que, como se ha observado en distintos países, el control militar sobre las fuerzas de seguridad locales suele ser un “presagio de autoritarismo”.
Por ello, hizo un llamado tanto a los líderes de Estados Unidos como a los del resto del mundo para que condenen estas acciones, que —advirtió— representan una amenaza para los derechos de todas las personas.
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