AI considera que la operación militar de Estados Unidos contra las presuntas narcolanchas en el Caribe es ilegal, y los fallecidos en estos bombardeos son, independientemente de si estaban cometiendo o no actos delictivos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, completamente al margen de la legislación internacional.
“Son ataques ilegales”, ha afirmado este viernes la portavoz de Amnistía Internacional, Olatz Cacho, en declaraciones a Europa Press. “No se trata de un conflicto armado, ni Estados Unidos se encuentra bajo una amenaza inminente”, ha añadido Cacho, antes de advertir que, al declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, Estados Unidos está regresando a la era posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, repitiendo las peligrosas consecuencias de esa época.
“Tras el 11 de septiembre de 2001 existía una amenaza real”, reconoce Cacho, aunque matiza que la militarización de la respuesta estadounidense dio lugar a una “respuesta desproporcionada” cuyos efectos “se han visto a lo largo de los años”, como el caso del vacío de Derechos Humanos observado en la cárcel de Guantánamo para los sospechosos de terrorismo.
Cacho respalda las palabras de su organización, que este mismo jueves insistía en que la interceptación de embarcaciones sospechosas de transportar drogas debe ser una operación que esté en manos de las agencias responsables del cumplimiento de la ley, y debe estar sujeta al derecho internacional de los derechos humanos, que garantiza a todas las personas el derecho a la vida y a un juicio justo.
La portavoz de Amnistía ha recordado que el propio secretario de Estado de EE.UU. (y asesor de Seguridad Nacional en funciones), Marco Rubio, admitió que la Guardia Costera podría haber interceptado perfectamente la primera embarcación identificada como narcolancha a principios de septiembre.
Sin embargo, la Administración Trump decidió entregar el mando táctico a los militares, quienes utilizaron fuerza letal, ignorando el derecho a la vida de las víctimas, sin intervención de tribunales, en un ataque intencionado: en resumen, una ejecución extrajudicial.
A pesar de que la mayoría republicana en el Senado de EE.UU. rechazó a principios de este mes una propuesta de ley que habría limitado la capacidad de la Casa Blanca para ordenar este tipo de ataques, la portavoz de Amnistía insistió en que la intervención del Congreso sigue siendo la “opción más clara” para detener estos ataques.
Cacho también recordó que dentro del Partido Republicano existen voces críticas, como la del senador por Kentucky, Rand Paul, quien se ha pronunciado en contra de lo que describió como una “escalada militar” en el Caribe instigada por el presidente de EE.UU., que podría llevar a una incursión en los países de origen de estas presuntas narcolanchas, con Venezuela o Colombia a la cabeza.
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“Dentro del Partido Republicano hay gente que no quiere hacer la guerra con nadie. El Congreso es la principal institución del país y, como mínimo, hace falta una discusión”, ha señalado la portavoz, antes de destacar la contradicción fundamental de la política exterior estadounidense.
“América Primero”, ha recordado sobre el lema de Trump, “pero luego intervengo donde me apetece”. Finalmente, Cacho indicó que Amnistía Internacional está vigilando muy de cerca la escalada militar de la que hablaba el senador, especialmente en Venezuela, cuyos déficits democráticos, también denunciados por la organización, no justifican la invasión de un país extranjero.
Desde septiembre pasado, Estados Unidos ha atacado pequeñas embarcaciones en el Caribe, cerca de Venezuela, alegando sospechas de narcotráfico. Caracas califica estas acciones como “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.
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