“La medida adoptada por el gobierno de EEUU el 29 de enero, con la falacia de la supuesta amenaza a la seguridad nacional y consistente en amenazar con aranceles punitivos a los países que exporten combustible a Cuba, plantea un desafío de grandes proporciones a todos los Estados”, ha declarado el martes el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X.
Tal medida estadounidense —agregó el canciller cubano— “equivale a limitar, con pretextos absurdos, la prerrogativa soberana de cada país a la hora de determinar si exporta y a qué destino exporta sus productos nacionales patrimoniales”.
Al plantear “¿Quién puede asegurar cuál es el límite de esa facultad que, con la agresión a Cuba, se adjudica ahora EE.UU.?”, Rodríguez argumentó que Washington pueda replicar ese mecanismo contra “cualquier bien” que compita con la producción estadounidense.
“¿Puede descartarse que algún día EE.UU. imponga aranceles a algún país que importe soya, maíz, grafito, automóviles, aviones o cualquier bien, desde cualquier mercado que compita con el estadounidense en la producción y exportación de esos rubros?”, concluyó el jefe de la diplomacia cubana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.
Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca.
Las sanciones de Estados Unidos contra Cuba superan las seis décadas. El 7 de febrero de 1962, el entonces presidente John F. Kennedy formalizó el embargo, aunque sus antecedentes se remontan a 1959. Documentos oficiales estadounidenses señalan que el objetivo inicial era presionar económicamente al país para provocar descontento interno y debilitar al gobierno de Fidel Castro.
Según el Gobierno cubano, el embargo ha causado daños económicos acumulados superiores a 159 000 millones de dólares y ha sido un obstáculo central para el desarrollo de la isla.
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