Tras la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, de declarar inconstitucional la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo en Honduras; se abre el debate de las repercusiones que podrían enfrentar los diputados que aprobaron esta legislación que entregó soberanía del territorio hondureño al capital extranjero.
La creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo fueron aprobadas en el año 2013, cuando Juan Orlando Hernández era el presidente del poder legislativo. Con 102 votos a favor y 26 en contra, se dio el visto bueno para la entrega de parte del territorio hondureño a capital extranjero.
La Zede de Roatán Prospera ha sido el enclave económico representativo de la entrega del territorio, y desde sus representantes han amenazado al Estado hondureño con demandas millonarias si se obliga a cerrar sus operaciones.
El código penal hondureño establece una pena para el delito de “traición a la patria” de 15 a 20 años de prisión, y una inhabilitación a cargos públicos de al menos 40 años.
Según el analista Rafael Erazo, sí se le pueden aplicar delitos civiles, económicos y delitos penales, en este caso el artículo 555 ya establece cuando se le puede aplicar un delito penal a los funcionarios o diputados de un Estado.
Se considera delito de traición a la patria contra aquel hondureño que, tienda al menoscabo de la integridad territorial de la república, y comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa
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