Por Xavier Villar
Estas agresiones, lejos de responder a un intento de diálogo o solución diplomática, revelan una voluntad explícita de debilitar las capacidades estratégicas iraníes a través de operaciones que no solo ponen en riesgo la estabilidad regional, sino que además vulneran normas básicas del derecho internacional.
El ataque israelí y la violación del derecho internacional
Los recientes ataques israelíes contra instalaciones nucleares iraníes, como las de Natanz y Fordo, no pueden considerarse incidentes aislados ni ejercicios legítimos de defensa propia. Según expertos y organismos internacionales, constituyen una violación manifiesta del artículo 2, apartado 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía de cualquier Estado miembro.
Estas instalaciones nucleares están sometidas a la estricta supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y forman parte de un programa declarado pacífico desde 2003, reconocido incluso por informes independientes. El ataque a estas instalaciones vulnera además el artículo 12 del Estatuto de la AIEA, que prohíbe expresamente las acciones hostiles contra instalaciones nucleares bajo salvaguardias internacionales. El riesgo que esto implica no es solo político, sino también ambiental y humano, en una región ya especialmente frágil. La propia AIEA ha alertado sobre la posibilidad de un desastre radiactivo en caso de daños mayores, un riesgo que el agresor parece haber desestimado.
Además, la soberanía iraní fue vulnerada también mediante violaciones del espacio aéreo, tanto de Irán como de países vecinos como Irak y Siria, sumando una capa adicional de ilegalidad y desestabilización regional.
La respuesta iraní: legítima defensa en el marco del derecho internacional
Desde la óptica del derecho internacional, la reacción de Irán tras estos ataques no solo es comprensible, sino plenamente legítima. El artículo 51 de la Carta de la ONU consagra el derecho inherente de los Estados a la legítima defensa ante ataques armados. Este derecho es fundamental, especialmente cuando el Consejo de Seguridad, encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales, se ve paralizado por vetos políticos, como ocurre recurrentemente.
La respuesta iraní, que incluyó el lanzamiento de misiles supersónicos contra objetivos militares y estratégicos israelíes —como la base naval y la principal refinería de petróleo en Haifa—, está enmarcada en ese derecho legítimo a la defensa. Las imágenes, verificadas por medios internacionales y difundidas pese a la censura impuesta por las autoridades israelíes, muestran el daño significativo causado por estas acciones defensivas, diseñadas para dejar claro que las agresiones no quedarán sin respuesta.
La hipocresía occidental y el doble estándar del derecho internacional
Este conflicto exige superar el relato simplista que predomina en buena parte de los medios occidentales, donde Israel aparece como una víctima en legítima defensa, mientras Irán es retratado como un agresor sin justificación. Esta narrativa distorsiona la realidad y oculta una incómoda verdad jurídica: el uso selectivo y doble del derecho internacional conforme a intereses geopolíticos.
Israel, que no es parte del Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional, ha llevado a cabo acciones que podrían ser calificadas como crímenes internacionales, incluyendo ataques que ponen en peligro a la población civil y violan la soberanía de otros Estados. Sin embargo, disfruta de un apoyo político incondicional de Estados Unidos y otros aliados occidentales, lo que dificulta la aplicación efectiva del derecho internacional y la rendición de cuentas.
Este doble rasero mina la legitimidad misma del sistema jurídico internacional y alimenta la desconfianza y el resentimiento en regiones donde el derecho es percibido como un instrumento al servicio de las potencias dominantes. En cambio, la defensa iraní encuentra respaldo en normas internacionales claras y reconocidas universalmente, aunque convenientemente ignoradas en los discursos políticos dominantes.
Este conflicto vuelve a poner en evidencia la instrumentalización del derecho internacional para legitimar la hegemonía occidental y justificar intervenciones selectivas, mientras se minimizan o se silencian las violaciones cometidas por sus aliados. Tal es la crítica que ha formulado el profesor Costas Douzinas, quien denuncia cómo este sistema legal global se utiliza para mantener el dominio político y militar de Occidente.
El bloqueo del Consejo de Seguridad y el derecho a la legítima defensa
El Consejo de Seguridad de la ONU, responsable de mantener la paz y seguridad internacional, ha demostrado su incapacidad para actuar eficazmente ante estas agresiones debido a vetos y bloqueos políticos. Este hecho legitima el derecho de Irán a ejercer la legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta de la ONU, que reconoce la prerrogativa de los Estados a tomar medidas militares para proteger su existencia frente a ataques no provocados, especialmente cuando las vías diplomáticas y multilaterales están paralizadas por intereses geopolíticos.
La escalada actual no surge en el vacío. Es el resultado de años de tensiones, sanciones y hostilidades unilaterales que han convertido a Irán en un blanco constante de presiones militares y políticas. Israel, con el respaldo de Washington, ha mantenido planes permanentes para desmantelar las capacidades nucleares y militares iraníes, lo que supone una amenaza existencial para Teherán.
La guerra fría entre ambos países ha escalado hacia un conflicto abierto con consecuencias regionales e internacionales que podrían desestabilizar aún más el Medio Oriente.
Un conflicto con trasfondo geopolítico e intereses económicos
Este conflicto debe analizarse desde una perspectiva crítica que reconozca la dinámica imperialista y neocolonial que subyace en la región. Estados Unidos y sus aliados emplean el derecho internacional como herramienta para legitimar sus intereses estratégicos y económicos, mientras criminalizan a los Estados que resisten esa hegemonía.
La guerra contra Irán es, en esencia, una lucha por el control geopolítico y energético, donde el derecho internacional es manipulado para justificar agresiones selectivas y sanciones económicas devastadoras.
Conclusión
Desde la perspectiva del derecho internacional, la respuesta iraní a los ataques israelíes está plenamente justificada como ejercicio legítimo del derecho a la legítima defensa frente a agresiones no provocadas que violan la soberanía y los principios fundamentales de la Carta de la ONU y los tratados internacionales en materia nuclear.
La incapacidad del Consejo de Seguridad para actuar frente a estas violaciones agrava la crisis internacional y confirma la urgente necesidad de reformar un sistema multilateral que se muestra impotente ante la hegemonía de ciertos Estados. Reconocer y respetar el derecho a la legítima defensa de Irán no solo es cuestión jurídica, sino un paso indispensable para evitar que la guerra impuesta se convierta en una catástrofe mayor.
