Por Mohammad Homaeefar
Desde que se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear en mayo de 2018, sucesivas administraciones en Washington han recurrido de manera intensiva a sanciones draconianas como eje central de la política estadounidense de “máxima presión” contra Irán, a pesar del pleno cumplimiento de Teherán con el acuerdo multilateral.
El 8 de mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear, conocido oficialmente como Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), y emprendió una política de confrontación contra Irán.
En virtud del PIAC, alcanzado en julio de 2015 y en vigor desde enero de 2016, Irán había aceptado, de buena fe, ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un grado de levantamiento de sanciones.
Al asumir el cargo, Trump calificó infamemente el acuerdo nuclear alcanzado por su predecesor como “el peor de la historia” y prometió conseguir un “mejor acuerdo” que también abordara otras cuestiones, como el programa de misiles balísticos de Irán y sus actividades regionales, temas que en Teherán se consideran líneas rojas.
Al retirarse de forma unilateral e ilegal del acuerdo, el presidente estadounidense puso en marcha lo que denominó una campaña de “máxima presión” destinada a forzar a Irán a renegociar un nuevo pacto.
Todos los demás firmantes del acuerdo —Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania— expresaron su pesar por la decisión estadounidense y se comprometieron a mantener el pacto.
El 6 de agosto de 2018, la administración Trump emitió la Orden Ejecutiva 13846 para restablecer las sanciones levantadas en el marco del PIAC. Las sanciones entraron en vigor al día siguiente.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también incorporó a su lista de sanciones de “máxima presión” a 700 entidades, incluidas personas, bancos, buques, aeronaves y el sector energético de Irán.
El entonces secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, amenazó abiertamente con matar de hambre a la población iraní mediante sanciones, declarando infamemente que Teherán debía escuchar a Washington si “quería que su pueblo comiera”.
Washington también advirtió que cualquier país que hiciera negocios con Irán no podría comerciar con Estados Unidos.
Como resultado de las sanciones unilaterales estadounidenses, la empresa francesa Total se retiró del campo de gas iraní Pars del Sur, dejando que la china CNPC asumiera el 50 % de su participación en ese yacimiento de gas natural, del cual ya poseía el 30 %.
La CNPC mantuvo ese 80 % de participación hasta octubre de 2019, cuando volvió a retirarse debido a la presión de las sanciones de EE.UU.
Carácter ilegal de las sanciones estadounidenses
Entre 2015 y 2018, cuando el PIAC estaba en pleno vigor, quince informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) confirmaron el pleno cumplimiento de Irán con el acuerdo, demostrando que el país cumplía —y a menudo superaba— sus obligaciones nucleares.
La AIEA confirmó que las reservas de uranio enriquecido y de agua pesada de Irán se mantenían dentro de los límites establecidos, señalando que Irán no había superado las restricciones acordadas en actividades nucleares clave y que había proporcionado a los inspectores acceso a todos los sitios necesarios.
La ilegal retirada de EE.UU. y la reimposición de sanciones llegaron tras esos informes, lo que llevó a Irán a enriquecer uranio al 4,5 %, luego al 20 % y, finalmente, al 60 % de pureza, como parte de sus medidas “compensatorias” destinadas a lograr que Washington regresara al acuerdo.
Aun así, Estados Unidos continuó con su política incendiaria y acumuló sanciones ilegales, mientras prometía reducir las exportaciones petroleras de Irán a cero.
Irán, por su parte, decidió llevar su caso contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), basándose en el Tratado de Amistad de 1955.
En consecuencia, el 3 de octubre de 2018, la CIJ ordenó a Estados Unidos levantar las sanciones impuestas a los bienes humanitarios destinados a Irán. De forma unánime, dictaminó que Washington “deberá eliminar, por los medios que elija, cualquier impedimento derivado de las medidas anunciadas el 8 de mayo para la libre exportación a Irán de medicamentos y dispositivos médicos, alimentos y productos agrícolas”.
También ordenó levantar las sanciones estadounidenses sobre repuestos para aeronaves debido a su “potencial para poner en peligro la seguridad de la aviación civil en Irán y la vida de sus usuarios”.
“Otro fracaso para el gobierno estadounidense adicto a las sanciones y una victoria para el Estado de derecho. Es imperativo que la comunidad internacional contrarreste colectivamente el pernicioso unilateralismo de EE.UU.”, tuiteó tras el fallo el entonces ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif.
Mientras Irán celebró la decisión del tribunal como una victoria que demostraba una vez más la ilegalidad y la crueldad de las sanciones estadounidenses, Pompeo, como era de esperar, rechazó el fallo alegando que el tribunal no tenía ninguna jurisdicción.
La “máxima presión” revive
Irán se mantuvo firme a lo largo de los años a pesar de los innumerables problemas que enfrentó debido a estas sanciones, las cuales no fueron suavizadas durante la presidencia de Joe Biden, entre 2021 y 2025.
El año 2025 marcó el regreso de Trump a la Casa Blanca, tras lo cual reactivó de inmediato su campaña de “máxima presión” contra Irán, aunque con una forma y un enfoque diferentes.
El 4 de febrero firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional instruyendo a los Departamentos del Tesoro y de Estado a intensificar las sanciones, con el objetivo, una vez más, de reducir a cero las exportaciones de petróleo iraní y desmantelar sus capacidades misilísticas y su influencia regional.
En un gesto que subrayó las contradicciones del enfoque de Washington, Trump envió una carta al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, expresando su disposición a alcanzar un acuerdo, al tiempo que amenazaba a Irán con una acción militar si no se lograba un entendimiento.
En un discurso pronunciado el 7 de febrero, el ayatolá Jamenei recordó que el PIAC, fruto de dos años de intensas negociaciones, fue destruido durante el primer mandato de Trump, y afirmó que negociar con una administración así “no es prudente, inteligente ni honorable”.
La República Islámica, sin embargo, decidió darle otra oportunidad a la diplomacia y entabló negociaciones indirectas con Estados Unidos, mediadas por Omán.
No obstante, en una nueva traición a la vía diplomática, Washington dio luz verde a la agresión militar no provocada e injustificada del régimen israelí contra Irán el 13 de junio, y, después de que Israel quedara acorralado y humillado por la contundente represalia iraní, acudió en su auxilio llevando a cabo sus propios bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes.
Al ver la diplomacia como una tapadera para la ofensiva militar —que se produjo dos días antes de la sexta ronda de conversaciones indirectas en Mascate—, Teherán suspendió indefinidamente las negociaciones y detuvo su cooperación con la AIEA, al que acusó de colaborar con Tel Aviv.
La guerra de agresión no provocada entre Israel y Estados Unidos contra Irán demostró que, pese a señales diplomáticas meramente cosméticas, el enfoque de Washington hacia Teherán sigue siendo el mismo.
Más recientemente, en julio de 2025, Estados Unidos impuso su mayor paquete de sanciones desde 2018, dirigido contra más de 50 personas, entidades y buques vinculados a una amplia red naviera que respalda las exportaciones de petróleo de Teherán.
Según observadores, estos acontecimientos dejan claro que la política estadounidense continúa priorizando las medidas punitivas sobre la diplomacia, restringiendo el acceso de Irán a los mercados globales, a los sistemas financieros y a sus ingresos petroleros.
Texto recogido de un artículo publicado en PressTV.
