Delcy Rodríguez, en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, fustigó el hecho de que debido a “la guerra económica iniciada por el gobierno estadounidense en contra de las empresas petroleras, Chevron ha devuelto cargamentos de crudo a PDVSA, ante la imposibilidad y restricciones que le han sido impuestas de pagar los mismos a Venezuela”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos canceló en febrero pasado un permiso especial, la licencia 41, que permitía a Chevron extraer crudo desde noviembre de 2022 en el país suramericano. La multinacional energética debió cesar sus actividades antes del 3 de abril, un hecho condenado por el gobierno de Venezuela en marzo pasado.
Debido a tales obstáculos, el crudo devuelto a la empresa estatal venezolana PDVSA “está siendo comercializado en los mercados internacionales. PDVSA respetará los términos y obligaciones contractuales acordados con las trasnacionales. En Venezuela hay leyes, y se respetan”, advirtió Delcy Rodríguez en Telegram.
También enfatizó en su mensaje que “¡EEUU no impedirá que nuestro país trabaje y avance! ¡Venezuela vencerá!”.
En febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló un acuerdo petrolero con Venezuela, firmado durante la administración del expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025), obligando a Chevron a cerrar sus operaciones en el país sudamericano.
Desde la perspectiva de Caracas, la decisión de la Casa Blanca representa la continuidad de una política hostil para bloquear el acceso del país a los mercados internacionales de hidrocarburos. En reacción, el gobierno bolivariano decidió activar el Plan de Independencia Productiva Absoluta para fortalecer su industria petrolera y reducir la dependencia externa.
De igual manera, la guerra comercial de Trump apunta en América Latina con marcada agresividad hacia Caracas, pues la mayoría de los países latinoamericanos enfrentarán un arancel mínimo del 10 por ciento, con las excepciones de Venezuela 15 % y Nicaragua 18 %. El mandatario estadounidense también ha anunciado la imposición de un arancel del 25 % a los países que compren petróleo o gas de Venezuela.
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