La medida es impulsada por el ministro israelí de justicia, Yariv Levin; y busca modificar las garantías legales vigentes para la destitución de un fiscal general. Evita el comité de selección habitual y en su lugar, faculta a un comité ministerial recién formado para programar una audiencia de destitución.
Bajo el mecanismo, la destitución de la fiscal general podría proceder con el apoyo de tres cuartas partes de los ministros del gabinete.
Los intentos de destitución de Baharav-Miara se inscriben en un contexto de marcada fractura política a lo interno de Israel, debido a la injustificada prolongación de la guerra en Gaza que busca garantizar la permanencia de Netanyahu en el poder, y las protestas semanales en ciudades de los territorios ocupados para exigir el retorno de los retenidos israelíes en la Franja.
Antes, en marzo, el gabinete extremista israelí ya había dado pasos legales en el intento de sacar del escenario político y judicial a Baharav-Miara, promotora de las investigaciones por corrupción contra el primer ministro israelí.
Según analistas, el intento de destituir a la fiscal forma parte de un ataque más amplio de Netanyahu contra el poder judicial, iniciativa que ha provocado protestas masivas y preocupación internacional desde que su gabinete reveló los planes para las controvertidas reformas judiciales en 2023.
En reacción, Baharav-Miara condenó la nueva maniobra como ilegal, insistiendo en que contradice una sentencia previa del tribunal superior que reafirmó la necesidad de un proceso de selección apolítico.
La destitución de la fiscal general permitiría a Netanyahu instalar a un leal en un cargo que históricamente ha funcionado como contrapeso al gabinete.
El nuevo comité ministerial que supervisará la audiencia de destitución incluye a los ministros ultranacionalistas Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, quienes han abogado abiertamente por debilitar la independencia judicial.
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