“Denunciamos las nuevas medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a Irán, que atentan contra el normal desarrollo de las negociaciones entre ambos gobiernos”, escribió el lunes el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta de la red social X.
Agregó que las sanciones estadounidenses son “ilegales y arbitrarias y violan el Derecho Internacional”.
El viernes, 6 de junio, Estados Unidos presionó e impuso nuevas sanciones económicas a Irán, pese a que ambos países mantienen abierta una negociación de meses sobre el programa nuclear pacífico iraní.
El nuevo paquete de embargos, anunciado por el Departamento del Tesoro, incluyó medidas contra más de 30 personas y entidades con sede en Irán, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Hong Kong. El Tesoro afirmó que las sanciones pretenden interrumpir las fuentes de financiación del programa nuclear y el programa convencional de misiles de Irán.
El Gobierno iraní condenó las nuevas sanciones por considerarlas como “ilegales y contrarias a los principios y normas del Derecho Internacional”, y dijo que las medidas “constituyen la profunda y continua hostilidad” de Estados Unidos hacia la nación iraní.
La República Islámica ve las sanciones —que forman parte de la campaña de máxima presión de EE.UU. contra Irán— como una señal de la falta de voluntad de Washigton para resolver el caso nuclear iraní por la vía diplomática.
Ambas partes han llevado a cabo cinco rondas de discusiones indirectas desde abril con el objetivo de alcanzar un acuerdo que garantice el carácter pacífico del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones ilegales y unilaterales impuestas al país persa. Está previsto que la sexta ronda se celebre en Omán el domingo.
Hasta ahora, las negociaciones se han caracterizado por repetidos cambios en la postura de Washington y el consecuente rechazo de Teherán de las declaraciones “contradictorias” de la parte estadounidense.
Mientras EE.UU. insiste en el enriquecimiento cero, Irán ve esta exigencia fuera de la mesa de diálogo y lo defiende como una línea roja, al constituir la columna vertebral de su programa nuclear pacífico y un derecho inalienable garantizado por el Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear.
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