“Debido a que los embajadores Anders Kompass y Elena Alicia Salcedo Poleo, en el desempeño de sus funciones han asumido actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos del Estado de Guatemala, y no acorde a la política exterior del país, se ha solicitado a los Gobiernos del Reino de Suecia y de la República Bolivariana de Venezuela, su retiro”, explicó el jueves la Cancillería guatemalteca.
En este contexto, exigió a las autoridades de los países respectivos que presenten nuevos representantes diplomáticos, enfatizando que esta solicitud “no implica la declaración de non grato”.
En una conferencia de prensa, la ministra de Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, confirmó que la medida fue adoptada para garantizar los intereses nacionales del país y destacó que la Ciudad de Guatemala mantiene vínculos diplomáticos con los dos países mencionados.
Debido a que los embajadores Anders Kompass y Elena Alicia Salcedo Poleo, en el desempeño de sus funciones han asumido actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos del Estado de Guatemala, y no acorde a la política exterior del país, se ha solicitado a los Gobiernos del Reino de Suecia y de la República Bolivariana de Venezuela, su retiro”, comunicó la Cancillería guatemalteca.
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— MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) May 11, 2018
Jovel adujo que el embajador sueco había llamado corruptos a los guatemaltecos. Su crítica se refiere a una frase que Kompass mencionó sobre la corrupción en el país caribeño, luego de que el Gobierno sueco rubricó el pasado enero un acuerdo de cooperación para donar unos US$9 millones a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el fin de apoyar la misión del organismo del 2017 al 2019.
“Decir que la cultura es mala no está muy lejos de decir que la gente es mala y no creo que sea correcto, tampoco un buen incentivo para alcanzar los cambios. Por esto es más correcto decir que el problema son las instituciones públicas disfuncionales, no la gente”, sostuvo Kompass.
La CICIG funciona en Guatemala desde 2007 para desarticular las estructuras del crimen incrustadas en el Estado, pero en 2015 de la mano del colombiano Iván Velásquez cobró relevancia, al revelar junto con la Fiscalía un fraude en las aduanas que terminó con el gobierno del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla del fraude.
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió en febrero de los esfuerzos del actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para ‘entorpecer’ la labor investigativa de una comisión de las Naciones Unidas contra la corrupción en el país centroamericano.
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