Por Iqbal Jassat
La fecha del 29 de diciembre de 2023 quedará grabada en los anales de la historia sudafricana posterior a 1994 como el día en que se iniciaron los procedimientos contra el régimen israelí ante la CIJ, presentando argumentos jurídicos sólidos y exhaustivos que demostraban cómo las acciones de Israel en la Franja de Gaza violaban la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
El equipo jurídico sudafricano, compuesto por expertos en derecho internacional, solicitó al tribunal con sede en La Haya que emitiera medidas provisionales. Enmarcó su caso en la comisión de actos de genocidio dentro de un contexto más amplio: el trato que Israel ha dado al pueblo palestino durante 75 años de apartheid, 56 años de ocupación beligerante del territorio palestino y 16 años de bloqueo a Gaza.
El 26 de enero de 2024, la CIJ ordenó a Israel tomar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de actos comprendidos en el artículo II de la Convención contra el Genocidio, así como adoptar medidas inmediatas y eficaces para permitir la provisión de servicios básicos y asistencia humanitaria urgente con el fin de paliar las condiciones de vida extremas que enfrenta la población palestina en la Franja de Gaza.
Recordando la declaración de la jueza Xue Hanqin, se destaca que, además de coincidir con sus colegas en reconocer la competencia de Sudáfrica sobre una base prima facie al iniciar el proceso contra Israel por incumplimiento de sus obligaciones según la Convención contra el Genocidio, señaló también que la cuestión de Palestina ha estado en la agenda de las Naciones Unidas desde su fundación.
Y que el pueblo de Palestina, incluidos los palestinos en la asediada Franja de Gaza, aún no ha podido ejercer su derecho a la autodeterminación.
La jueza Xue también recordó las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, en las que se establece que “las Naciones Unidas tienen una responsabilidad permanente respecto a la cuestión de Palestina hasta que esta se resuelva en todos sus aspectos de manera satisfactoria y conforme a la legalidad internacional”.
En opinión de la jueza Xue, esta responsabilidad exige que las Naciones Unidas —incluido su principal órgano judicial— velen por que el pueblo palestino esté protegido conforme al derecho internacional, especialmente frente al crimen más grave: el genocidio.
Desde entonces y hasta ahora, se han emitido varias órdenes provisionales. Entre ellas, la CIJ ordenó a Israel que “detenga de inmediato su ofensiva militar, y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah, que pueda imponer al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que puedan conducir a su destrucción física total o parcial”.
Asimismo, ordenó a Israel abrir el cruce de Rafah para “garantizar la provisión sin obstáculos y a gran escala de los servicios básicos y la asistencia humanitaria urgentemente necesarios”, y tomar medidas efectivas para “asegurar el acceso sin impedimentos a la Franja de Gaza de cualquier comisión de investigación, misión de determinación de hechos u otro órgano investigador designado por órganos competentes de las Naciones Unidas para investigar las denuncias de genocidio”.
Ninguna de estas medidas ha sido acatada por el régimen israelí —de hecho, las ha desafiado abiertamente al continuar con la masacre masiva del pueblo palestino en Gaza.
Según la exministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, está más que claro que la incapacidad para detener los ataques genocidas de Israel contra la Franja de Gaza ha dejado al descubierto las deficiencias de los mecanismos jurídicos internacionales y ha renovado los llamados urgentes a reformar las Naciones Unidas.
En una entrevista reciente, Naledi Pandor expresó su exasperación afirmando: “No puede ser que permitamos que el mundo se quede de brazos cruzados, débil, mientras se asesina a la gente”.
“Necesitamos una capacidad que sea militar, que pueda ir y convertirse en protectora de los inocentes dondequiera que se produzcan estos daños en el mundo”, agregó.
A medida que el mundo comienza “discusiones más concretas” sobre la reforma de la ONU, preguntó: “¿Qué tipo de capacidad de aplicación deberíamos crear dentro de la comunidad global?”.
“Podría estar bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, pero entonces la composición del Consejo de Seguridad no puede seguir siendo la que es hoy”, dijo. “Porque son precisamente esas naciones las que causan gran parte del daño o lo respaldan”.
Como es bien sabido, Estados Unidos —uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad— ha utilizado repetidamente su veto para bloquear cualquier acción contra Israel.
Y con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca, con su obsesiva y errónea intención de proteger y defender al régimen sionista, las relaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica se han deteriorado gravemente —quizás de forma irreparable, podrían decir algunos, a menos que el país abandone y retire el caso ante la CIJ.
El genocidio en Gaza ha puesto al orden mundial frente a una disyuntiva: adaptarse a las normas y valores civilizados, o renunciar a ellos.
Sudáfrica no tiene otra opción que mantenerse firme en su compromiso con los valores de los derechos humanos, guiado por su propia lucha contra el apartheid.
Por tanto, en virtud de la decisión de la CIJ, tiene el deber no solo de suspender toda forma de apoyo a Israel que le permita mantener su ocupación ilegal, sino también de prohibir que sus ciudadanos y entidades “presten ayuda o asistencia” para sostener la presencia de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados.
* Iqbal Jassat es miembro ejecutivo de Media Review Network (Red de Revisión de Medios), Johannesburgo, Sudáfrica.
Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.
