Por Xavier Villar
La extradición presupone un mínimo de reciprocidad y el reconocimiento implícito de que el otro existe como sujeto de derecho.
El secuestro, en cambio, es la imposición unilateral de la voluntad mediante la fuerza, un acto que niega la soberanía del objetivo incluso antes de ejecutarse. La operación estadounidense del 3 de enero de 2026 en Caracas no fue una aplicación de la ley. Fue la materialización física de un juicio previo formulado en Washington: Venezuela, como proyecto político autónomo, había dejado de ser admisible.
Seis meses antes, en junio de 2025, otro pilar del orden internacional fue reducido a escombros con los ataques estadounidenses a las instalaciones iraníes de Natanz e Isfahán. La campaña aérea no constituyó una guerra en el sentido clásico, entendida como confrontación entre Estados con responsabilidades recíprocas. Fue una intervención de carácter arquitectónico. No se limitó a infligir daños materiales, sino que perforó el principio de integridad territorial, el núcleo duro de la soberanía moderna. Su función más profunda fue pedagógica: demostrar que, para determinadas potencias y sus aliados regionales, algunas soberanías no son derechos inviolables, sino desviaciones geopolíticas que pueden ser corregidas mediante acciones periódicas y selectivas.
Ambos episodios forman un díptico revelador. No anuncian el debilitamiento gradual del derecho internacional, sino su pérdida de relevancia como marco operativo para los centros de poder. Lo que emerge no es un orden neocolonial sustentado en dependencias económicas, ni un escenario postcolonial caracterizado por ambigüedades jurídicas. Es algo más antiguo y más directo: un retorno a una lógica paleo-colonial. La voluntad imperial se impone sin intermediación, no ya bajo el lenguaje de la civilización, sino bajo una retórica tecnocrática de gestión del, supuesto, desorden global. La soberanía no es transgredida en nombre de una excepción. Es evaluada, administrada y, llegado el caso, revocada.
El secuestro y la administración de la política
La extracción de Nicolás Maduro fue presentada, de forma reveladora, como un asunto de “aplicación de la ley”. Como señaló la profesora Sarah Heathcote, esta caracterización desplaza el acto desde el ámbito del Capítulo VII de la Carta de la ONU, el uso de la fuerza, hacia el terreno técnico de la cooperación policial. No se trata de un simple ejercicio de relaciones públicas. Es una operación de reconfiguración política más profunda.
Al designar al presidente venezolano como “fugitivo de la justicia estadounidense” y no como jefe de Estado, Washington ejecutó una maniobra ontológica. Venezuela fue despojada de su condición de comunidad política soberana y reducida a la categoría de espacio administrado, un territorio problemático donde operan redes ilícitas que justifican una intervención externa. En esta lógica, la soberanía deja de ser un atributo inherente y pasa a convertirse en un estatus funcional, concedido de manera condicional por el orden imperial a quienes se ajustan a sus parámetros. Venezuela fue considerada en incumplimiento. Su estatus fue, por tanto, retirado. El secuestro no fue una anomalía, sino la formalización administrativa de esa retirada.
La reacción internacional, destacando la casi ausente respuesta europea, funcionó como un ritual fúnebre del viejo sistema. Fue la representación de un orden basado en reglas que ya no condiciona el comportamiento de sus actores más poderosos. La lección para cualquier Estado situado fuera del núcleo occidental es inequívoca: su soberanía es contingente y revocable. No depende del derecho, sino de no convertirse en un obstáculo estructural para los intereses definidos en Washington.
Es la Doctrina Monroe en versión digital, llevada a su conclusión lógica. El hemisferio deja de ser concebido como “patio trasero” para convertirse en distrito administrativo de un imperio que ya no necesita nombrar su dominio para ejercerlo.
La violación y el mantenimiento del orden jerárquico
La ofensiva contra Irán opera en un registro distinto, aunque complementario. En este caso no se produjo una negación formal del estatus estatal. Irán es, de manera ineludible, un Estado civilizatorio con profundidad histórica y capacidad estratégica. Lo que se suspendió de forma deliberada fueron sus prerrogativas fundamentales. La violación de su espacio aéreo y los ataques contra infraestructura crítica constituyeron actos de corrección geopolítica, diseñados para degradar sin destruir.
La lógica no era la conquista ni el cambio de régimen, sino la preservación de un statu quo basado en la desigualdad estratégica. Irán había incurrido en la transgresión central de desarrollar capacidades, desde el enriquecimiento de uranio hasta misiles de precisión y redes de proyección indirecta, que desafiaban la jerarquía regional establecida para contenerlo. La respuesta no fue un proceso diplomático sostenido, sino el recurso a una violencia selectiva y disciplinaria. Es la paleo-colonialidad aplicada a un actor resiliente: no puede ser eliminado, pero puede ser castigado periódicamente para limitar su margen de maniobra y recordar los contornos del orden jerárquico.
Frente a una amenaza conjunta de Estados Unidos e Israel, Irán optó por una resistencia calibrada cuyo objetivo final fue la preservación efectiva de la soberanía y la redefinición de los términos de la disuasión.
El resultado fue una recalibración profunda. La agresión externa transformó una amenaza largamente abstracta en una experiencia inmediata, forzando una consolidación interna poco frecuente en sistemas sometidos a presión prolongada. Lejos de producir fragmentación política o desgaste social, el conflicto reforzó la cohesión institucional y social, neutralizando uno de los supuestos estratégicos centrales de sus adversarios: que la coerción militar aceleraría la erosión interna del Estado iraní.
Desde entonces, la disuasión iraní ha dejado de operar como un conjunto disperso de capacidades tácticas para adquirir una lógica más integrada. La continuidad del gobierno, la capacidad de absorber daños materiales sin colapso político, la demostración creíble de represalia directa y la elevación de la resiliencia social a activo estratégico formaron parte de una misma arquitectura defensiva. El mensaje fue inequívoco: la agresión puede infligir costes físicos, pero no produce los resultados políticos que la justificarían.
El efecto acumulado no fue el restablecimiento de un orden jurídico erosionado, sino algo más modesto y más significativo: la demostración de que incluso en un entorno paleo-colonial, donde la jerarquía se impone por la fuerza, esa imposición no es gratuita ni automática. La guerra de los doce días no resolvió la rivalidad ni eliminó la amenaza. Pero sí alteró los cálculos. En un sistema donde el poder pretende administrar soberanías ajenas, la resistencia se ha convertido en la última forma operativa de autonomía.
La cartografía paleo-colonial: distritos, fortalezas y reservas
El mapa mundial que comienza a perfilarse no corresponde a un nuevo orden internacional, sino a una fragmentación cuidadosamente gestionada conforme a principios paleo-coloniales. No se trata de un sistema de normas compartidas ni de una jerarquía explícita, sino de una distribución funcional de espacios, cada uno sometido a una lógica distinta de control y tolerancia.
En primer lugar aparecen los distritos administrativos imperiales. Son territorios, situados en su mayoría dentro de las esferas tradicionales de influencia occidental, donde la soberanía opera como una concesión revocable. En estos espacios, el derecho internacional ha sido desplazado por una práctica administrativa del poder, aplicada mediante sanciones, operaciones encubiertas, incursiones selectivas y, llegado el caso, secuestros políticos. Las instituciones locales no actúan como depositarias de una voluntad soberana, sino como gestoras de un mandato condicionado. El precedente venezolano no es una anomalía, sino el acto fundacional de esta categoría.
En un segundo plano se sitúan los Estados fortaleza en régimen de cuarentena. Irán, Corea del Norte y, en un registro distinto, Rusia, conservan una soberanía efectiva basada en la autosuficiencia relativa y en formas robustas de disuasión. No son reconocidos como iguales, sino contenidos como excepciones problemáticas. Su integridad territorial es vulnerada de manera periódica, no con el objetivo de conquistarlos, sino de degradar sus capacidades y recordar los límites del ascenso permitido. Viven bajo un régimen de castigo preventivo permanente, donde la violencia no es un último recurso, sino una herramienta regular de mantenimiento jerárquico.
Finalmente están las reservas de la nostalgia legal. La Unión Europea, Japón, Canadá y segmentos de América Latina desempeñan el papel de custodios de un orden liberal que ha perdido su capacidad de estructurar el poder real. Hablan su lenguaje, administran sus rituales en Ginebra y Nueva York y operan bajo la presunción de que las reglas aún gobiernan el comportamiento internacional. Su influencia sigue siendo relevante en el terreno de la narrativa, la legitimidad y la gestión institucional, pero resulta marginal cuando se trata del uso efectivo de la fuerza. Son los herederos contemporáneos de quienes preservaron el latín tras la caída de Roma, guardianes de una gramática respetada, pero ya desconectada de la lengua en la que se ejerce el mando.
Esta cartografía no describe un mundo neocolonial ni postcolonial, sino algo más elemental. Un regreso a una forma de dominación directa, donde la soberanía se administra, se suspende o se tolera según criterios de utilidad estratégica. En este paisaje, la estabilidad no surge del consenso, sino de la gestión desigual de la vulnerabilidad.
El fin de la comunidad imaginada y el triunfo del hecho consumado
Este orden paleo-colonial anuncia el colapso de la comunidad internacional imaginada, la ilusión de una sociedad de Estados con derechos y obligaciones recíprocos como fuerza reguladora. Ese proyecto, siempre frágil, ha sido abandonado por quienes durante décadas se presentaron como sus guardianes.
Lo que prima en este nuevo espacio es la búsqueda de hechos consumados. El secuestro de Maduro, los ataques a Irán, la militarización del Mar de la China Meridional: cada uno de estos actos no es una excepción, sino una pieza de una arquitectura de poder que se impone antes de cualquier discusión. El derecho internacional no precede a la acción; la sigue, intentando racionalizar y enmarcar como legítimo un paisaje ya transformado por la fuerza.
Esta lógica genera su propia inestabilidad. Incentiva la proliferación nuclear como garantía mínima de supervivencia, fomenta alianzas tácticas que responden solo a la necesidad de contener un hegemón y convierte la diplomacia en un teatro de sombras donde se gestionan consecuencias y no se previenen conflictos. El orden paleo-colonial no evita crisis; las administra. No protege soberanías; las selecciona. Y en este marco, la estabilidad deja de ser fruto de reglas compartidas para convertirse en producto de cálculo estratégico, coerción y adaptación frente a un poder que decide cuándo y dónde la soberanía puede existir.
Un imperio sin proyecto, un mundo sin normas
La nueva paleo-colonialidad carece incluso de la pretensión universalista del colonialismo decimonónico. No hay un “fardo del hombre blanco” ni una “misión civilizatoria". Existe, en cambio, una gestión tecnocrática de la inseguridad. El imperio no se expande para convertir o instruir; interviene para prevenir desórdenes, contener rivales y garantizar flujos estratégicos. Su lógica es reactiva y paranoica, no visionaria ni normativa.
El secuestro de un presidente soberano y la violación de un Estado nuclear no son anomalías. Son la expresión extrema de esta lógica administrativa aplicada a la política internacional. Revelan un mundo en el que el poder ya no se disfraza con las ropas de la ley: actúa desnudo, confiando en que su capacidad material y la ausencia de un contrapoder cohesionado bastan para sostener el nuevo—o más bien, muy antiguo—orden.
El futuro no se negocia en tratados ni se construye mediante consensos universales. Se talla a través de actos de fuerza discretos pero decisivos. El humo sobre La Guaira y los cráteres de Isfahán no son señales de un sistema en colapso, sino cimientos visibles de lo que viene: un mundo de distritos administrados, fortalezas sitiales y reservas nostálgicas, donde la única ley que importa es la que se escribe, con cada hecho consumado, desde la punta de lanza de quien puede actuar sin pedir permiso y sin necesidad de legitimación.
