Tras ser destituido y arrestado por tratar de disolver el Congreso y anunciar que gobernaría por decreto, el sistema judicial dictaminó una prisión preventiva de 18 meses, que luego se extendió hasta diciembre de 2024.
La defensa de Castillo alega que esta medida vulnera sus derechos y es parte de un proceso irregular, ya que él representa a sectores rurales y desfavorecidos, donde mantiene un respaldo importante.
Sus simpatizantes consideran que su encarcelamiento refleja una animosidad de la élite política peruana hacia Castillo, un ex líder sindical, mientras que sus opositores sostienen que su liberación podría desestabilizar las instituciones.
La justicia en Perú rechazó modificar la detención de Pedro Castillo, quien está en prisión hace 2 años por su intento de disolver el Parlamento.
Su defensa denuncia un proceso injusto y politizado, y aunque el exmandatario sigue en prisión, sus seguidores exigen su liberación y la convocatoria de nuevas elecciones como solución a la crisis política.
La parcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Público en el caso de Pedro Castillo es evidente. A pesar de los esfuerzos de la defensa, el expresidente enfrenta un proceso legal complicado y prolongado.
El Poder Judicial, y el Ministerio Público, están claramente inclinados por una condena contra el presidente Pedro Castillo afirma el abogado Rogelio Huamaní, quien además añade que jurídicamente hablando la defensa técnica está haciendo una buena labor pero necesita apuntalar, sobre todo el mensaje de que el Poder Judicial, el Ministerio Público están realizando excesos y están cometiendo errores en la investigación, vicios de nulidad que pueden luego acarrear la nulidad del proceso.
Pedro Castillo reafirmó su compromiso con el país, aseguró que no tiene intención de huir y solicitó una investigación justa. También agradeció el apoyo de sus compatriotas y pidió que se priorice la verdad en su proceso judicial.
El exmandatario continuará en prisión preventiva, luego de que el Poder Judicial desestimara su pedido de revisión, argumentando riesgos de fuga y obstaculización en el proceso judicial por rebelión y conspiración.
Aarón Rodríguez, Lima.
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