La iniciativa pretendía asegurar que los medios de comunicación informaran sobre las acciones del Ejecutivo en el marco del estado de emergencia por la criminalidad.
Aunque la propuesta se sustentaba en la Ley de Radio y Televisión, que regula la cobertura en situaciones de desastre, los críticos advirtieron que podría poner en riesgo la libertad de expresión. Ante la desaprobación, el gobierno dio marcha atrás, afirmando que su objetivo nunca fue limitar las libertades, sino coordinar la lucha contra la criminalidad.
El gobierno de Dina Boluarte suspendió su propuesta de franja informativa obligatoria tras las críticas de los gremios periodísticos, que alertaron sobre un intento de controlar los medios. Aunque defendida como una medida contra la criminalidad, fue vista como una amenaza a la libertad de prensa y a la democracia.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) señaló que la propuesta del Ejecutivo, en medio de acusaciones de golpismo a la prensa, buscaba mejorar la imagen de un gobierno con baja aprobación.
La asociación periodística también alertó sobre medidas del gobierno y el Congreso que amenazan la libertad de expresión, incluyendo la estigmatización de la prensa y leyes restrictivas.
Diversos gremios periodísticos alertan que esta medida podría ser propaganda estatal, mientras la ciudadanía exige acciones concretas, no información impuesta.
Aarón Rodríguez; Lima.
day/hnb
