Como parte de su política contra los migrantes indocumentados, la Administración de Donald Trump canceló los contratos que tenía con decenas de organizaciones que se encargaban de los procesos jurídicos de los menores no acompañados.
La medida tomada por el Gobierno estadounidense deja en un limbo legal a unos 26.000 menores de 18 años que llegaron al país en los últimos años. Los abogados que defienden las causas de los menores no acompañados en los tribunales, recibieron también amenazas legales por si deciden continuar con sus litigios contra el Gobierno para que sus defendidos permanezcan en EE.UU.
La cancelación al financiamiento a cientos de organizaciones y despachos rompe con una tradición de 20 años. El Congreso norteamericano votó en 2005, con apoyo bipartidista, la Ley de protección a los menores migrantes no acompañados. Ahora esos miles de niños o adolescentes quedan desamparados legalmente.
Con esta medida de la Administración Trump, se suspenden los recursos y fondos que mantienen activos decenas de miles de expedientes de niños migrantes en el sistema judicial norteamericano. Al quedarse sin financiamiento, los abogados no tendrán acceso a intérpretes ni otros recursos para sus clientes. La enorme mayoría de esos niños no habla inglés y provienen de Centroamérica, África, Asia y Medio Oriente y ahora enfrentarán una traba legal más de la política antimigrante de Trump.
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