Marco Rubio declaró el jueves desde Guyana que, durante el mandato del presidente Donald Trump, a partir del 20 de enero, se han llevado a cabo “quizás más de 300” revocaciones de visa de manera diaria como parte de una estrategia para frenar lo que considera “activismo desestabilizador” en los campus universitarios estadounidenses.
“Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, le retiro la visa (...) Espero que en algún momento se acaben, porque nos hemos librado de un montón de ellos”, afirmó Rubio, en referencia a estudiantes que participan en manifestaciones contra el régimen de Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza.
Consultado sobre el nuevo caso en la Universidad Tufts, en Massachusetts, donde agentes de inmigración arrestaron a una estudiante de doctorado turca, Rumeysa Ozturk, quien había escrito un artículo de opinión en un periódico universitario exigiendo que esa institución reconociera que Israel comete “genocidio” contra los palestinos.
“Si nos dice que la razón por la que viene a Estados Unidos no es solo porque quiere escribir artículos de opinión, sino porque quiere participar en movimientos que se dedican a vandalizar universidades, acosar a estudiantes, tomar edificios y crear alboroto, no le daremos una visa”, expresó Rubio, aunque evitó referirse directamente a Ozturk.
En fechas recientes, agentes de inmigración de EE.UU. han arrestado a varios estudiantes y profesores cercanos a la causa palestina, incluidos Ozturk, el iraní Alireza Doroudi y Mahmud Khalil, líder de las protestas en la Universidad de Columbia en Nueva York.
Ayanna Pressley, miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Massachusetts, acusó al Gobierno de Trump de secuestrar a estudiantes con estatus legal. Sobre el caso de la estudiante turca, dijo que “esta es una terrible violación de los derechos constitucionales de Rumeysa al debido proceso y a la libertad de expresión. Debe ser liberada de inmediato”, reclamó en un comunicado.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha defendido las revocaciones, alegando que los estudiantes involucrados en estas protestas representan una amenaza para la seguridad nacional debido a su presunto apoyo a organizaciones terroristas extranjeras. Sin embargo, la falta de pruebas concretas sobre vínculos directos con grupos terroristas ha generado críticas y dudas entre expertos legales.
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